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Entre el 2000 y el 2018, la suma total de la inversión minera en Perú fue de US$ 70,044 millones -aproximadamente el 31% del PBI generado el 2018-, lo que da un promedio anual de US$ 3,502 millones, frente a una cartera actual de US$ 54,952 millones al largo plazo, según información analizada por Perú Top Publications.

Dicho periodo ha tenido dos importantes fases de crecimiento para el sector minero: del 2010 al 2014 (US$ 34,151 millones) y del 2015 al 2019 (US$24,038 millones), impulsados por incrementos en el precio de los minerales (cobre, oro, zinc), y el despegue en la primera fase de diverso capital junior proveniente, principalmente, de Canadá, que trajo consigo una ola de exploraciones.

La inversión en ese sector -segúnPerú Top Publications- podría alcanzar US$ 5,000 millones al 2019 (a inicios de año se hablaba de US$ 6,000 millones), incluyendo inversiones en proyectos y en minas activas, pero la tendencia es a la baja por temas locales (conflictos sociales, tramitología), y globales (la guerra comercial entre Estados Unidos y China ejerce presión sobre la cotización del cobre y el futuro económico de nuestros dos principales socios comerciales).

-Las razones-

A pesar de su potencial, grandes proyectos han estado en la cartera del Estado sin ver la luz por décadas: Tambogrande (actualmente en manos de Proinversión y redimensionado bajo el nombre de El Algarrobo); Quellaveco (actualmente en manos de Anglo American); Berenguela (hoy en manos de la australiana Valor Resources); Michiquillay (hoy en manos de SPCC); La Granja (operada por Rio Tinto) y Cañariaco (operada hoy por la canadiense Candente).

De los megaproyectos descubiertos en el Perú solo se han logrado desarrollar cuatro: Cerro Verde (US$ 3,500 millones); Antamina (US$ 1,288 millones en la primera etapa); Toromocho (US$ 2,200 millones en la primera etapa) y Las Bambas (US$ 7,000 millones), muchos de ellos cambiando de propietarios antes de ver la luz.

El otro megaproyecto en cartera es Conga (US$4,800 millones, casi 4 veces la inversión de Tía María) pero no tiene luz verde a largo plazo.

Para dar una idea de lo que implica la paralización de un proyecto, en el caso de Tía María, se esperaba que la contribución al Gobierno sea de US$ 780 millones en los 20 años de operación, US$39 millones anuales, y hubiese permitido un incremento en la producción de cobre de 5%.

“Lo cierto es que los proyectos mineros en la actualidad se están redimensionando, dando mayor relevancia a los proyectos brownfield (ampliaciones de minas) que a los greenfield (nuevos proyectos en zonas por explorar)”, indicó Perú Top Publications.

Fuente: Gestión

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