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¿Qué puede suceder en la economía si una empresa que cumple todos los procedimientos establecidos en la Constitución y la ley para desarrollar una inversión minera no puede hacerlo por la violencia de ciertas minorías? ¿Cuál es el mensaje que se enviaría a los diversos actores nacionales e internacionales vinculados a la inversión en el Perú?

La respuesta parece evidente. Las señales serían devastadoras, especialmente para una economía que puede acercarse a la recesión.

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En este contexto César Peñaranda, director del Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial de la CCL, señala que las proyecciones de crecimiento se están ajustando a la baja y que, considerando el comportamiento de las inversiones privada (no minera) y pública, lo más probable es que la economía apenas se expanda en 2.7%.

“Si la inversión no reacciona, las cosas se complican para la economía; sobre todo considerando la crisis del sector minero energético, que pesa en alrededor de 14% en el PBI”, asevera.

En este contexto vale señalar que Southern Perú ha cumplido todos los procedimientos constitucionales y legales que el Estado exige para desarrollar el proyecto Tía María. Si minorías radicalizadas imponen su voluntad en base a la violencia frente a la indolencia estatal, ¿acaso no estamos sepultando otros proyectos de inversión?

¿Acaso no se está alentando a que los radicales antimineros, con agenda ideologizada, se lancen sobre las demás minas del sur que producen más del 50% del cobre nacional? El asunto de Tía María, pues, es una verdadera batalla nacional. 

Lo más grave de toda esta situación es que las proyecciones de crecimiento definitivamente evidencian que la economía ha entrado en un proceso de ralentización que no permite seguir reduciendo pobreza, tal como sucedía hasta el 2014.

Como sabemos, todos los economistas y especialistas sostienen que para absorber la demanda de empleo de los cerca de 250,000 jóvenes que se incorporan anualmente a la economía, el Perú necesita crecer por encima del 4%. De lo contrario, la oferta de empleo no es suficiente y la fila de los pobres comienza a engrosarse.

Hasta algunos meses atrás, en medio de la feroz guerra política que había desatado el Ejecutivo en contra del Congreso, se solía decir que, de una u otra manera, los actores políticos estaban ignorando las reformas urgentes que el Perú necesita para relanzar el crecimiento con más productividad y competitividad.

Se hablaba de la urgencia de una reforma laboral integral y de la necesidad de ampliar la Ley 27360 (Ley de Promoción Agraria) que había posibilitado la ampliación de nuestras agroexportaciones de US$ 600 millones a US$ 7,000 millones.

También se decía que el país necesitaba resolver los problemas acumulados en infraestructuras relanzando las asociaciones público privadas y la modalidad de obras por impuestos.

Y, por supuesto, se mencionaba la necesidad de abordar las reformas de la educación y del sistema de salud. Hoy sabemos que esta agenda ha sido ignorada o postergada.

Pero lo peor de todo es que no solo se han postergado las reformas, sino que hoy está en cuestión los procedimientos naturales que han venido funcionando con regularidad en tres décadas de economía de mercado. No solo se trata del intento de bloquear el proyecto Tía María, que representa una inversión de US$ 1,400 millones, sino que, por ejemplo, el Estado es incapaz de retomar el control del Oleoducto Norperuano, frente a la violencia de ciertas minorías.

Igualmente se cancelan exploraciones en petróleo y gas porque el Congreso no aprueba una nueva ley de hidrocarburos, y también se pretende bloquear la inversión en litio en Puno. La lista es larga.

La economía, que se expandía a velocidad de crucero unos años atrás, hoy agoniza por falta de nuevas inversiones. Y el Gobierno de Vizcarra, tarde o temprano, comenzará a enfrentar un temporal social con la lentificación del crecimiento y el aumento pobreza.

Fuente: El Montonero

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