A escasos días de las elecciones 2022, es importante que los ciudadanos conozcan qué conductas pueden tipificar como delitos electorales, a fin de no incurrir en ellas y verse implicados en investigaciones y sanciones judiciales.
Alfonso Barrenechea, coordinador nacional de las Fiscalías de Prevención del Delito, explicó que el delito más común es la suplantación de identidad, por el cual una persona se hace pasar por otra para que esta última figure como que votó.
En el programa Andina al Día, de Andina Canal Online, detalló que la suplantación tiene una pena de hasta cuatro años de cárcel y si la persona es detectada en el local de votación incurre, además, en flagrancia delictiva.
Cuando se da esa situación, el suplantador es llevado a la fiscalía penal de turno y se le inicia un proceso. «Votar por otro implica un delito y tiene una pena grave», manifestó.
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Barrenechea recordó que muchos investigados dicen que lo hacen por el hermano o el vecino que no podía votar debido al trabajo o por estar enfermo y no quieren pagar la multa, pero ello no los libra del proceso correspondiente.
La pena en este caso es para quien suplanta; el suplantado es procesado no como autor, sino como instigador.
Otro delito común, indicó, es la difusión de propaganda política más allá del plazo permitido.
Desde las 00.00 horas de este sábado estará prohibida la propaganda, y si una persona que se inclina por un candidato pretende ir a local de votación con una prenda o pancarta que contenga identificación del partido y candidato, o reparte volantes, la pena es de hasta dos años de cárcel.
También está prohibido portar armas de fuego aunque se tenga la licencia correspondiente. Si el elector acude al local de votación con un arma, la pena es de hasta un año, además de la incautación del arma y la cancelación de la autorización.
El fiscal recordó que la venta de bebidas alcohólicas no está permitida desde las 8.00 horas del sábado hasta las 8.00 horas del lunes. Si se incurre en ello, la pena es de hasta con seis meses de prisión.
Barrenechea mencionó que en las elecciones regionales y municipales 2018 se detuvo 145 ciudadanos, 49 de ellos por suplantación de votantes, 29 por propaganda electoral y 24 por perturbar, impedir o inducir a no votar.
Tras remarcar que los miembros de mesa tienen una responsabilidad importante, precisó que si alguno de ellos pretende impedir, injustificadamente, el derecho sufragio a algún elector o le insinúa votar en determinado sentido la pena hasta e de hasta cuatro años.
Con el fin de que la ciudadanía conozca estos detalles, el Ministerio Público inició la campaña No cometas delitos electorales con información que publica diariamente a través de sus redes sociales.
El 2 de octubre, el Ministerio Público desplegará más de 5,000 fiscales en los locales de votación, a fin de defender la legalidad del proceso y vigilar el respeto a los derechos ciudadanos.