El Pleno del Congreso aprobó en segunda votación el dictamen que plantea derogar el artículo 28 de la Ley 32103, Ley que aprueba créditos suplementarios por considerar que limitaba el ejercicio de la negociación colectiva de los trabajadores estatales.
La congresista Lady Camones Soriano (APP), presidenta de la Comisión de Presupuesto y Cuenta General, sustentó el dictamen de los proyectos de ley para el financiamiento de mayores gastos asociados a la reactivación económica y dicta otras medidas.
Señaló que el objetivo de la propuesta es derogar el artículo 28 de la Ley 32103 con la finalidad de eliminar las limitaciones y restricciones a los derechos laborales y promover condiciones laborales justas y equitativas en el contexto de la reactivación económica, de tal forma que esta no se produzca a costa de vulneración de los derechos laborales, sino que se oriente hacia un desarrollo inclusivo y sostenible.
Explicó que al eliminar estas restricciones se pretende fortalecer la protección laboral y garantizar que los trabajadores disfruten de condiciones dignas, conforme a los principios constitucionales.
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Además, el Pleno del Congreso aprobó por mayoría la ampliación del plazo de vigencia de la Comisión Especial Multipartidaria encargada de realizar el trabajo en conjunto con la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (DEVIDA) hasta el término del periodo parlamentario 2021-2026.
Este grupo de trabajo coordina con las entidades del Estado peruano responsables de los objetivos prioritarios y los lineamientos en la lucha frontal contra el narcotráfico, en beneficio y salvaguardia de las comunidades nativas, caseríos, centros poblados y concesiones forestales de las regiones de Ucayali, Loreto, Amazonas, Pasco y Madre de Dios
El congresista Elvis Vergara Mendoza (Acción Popular), presidente de dicha comisión, sustento el informe preliminar que pide extender este plazo en razón de que, a pesar de los esfuerzos de las entidades encargadas de luchar contra el narcotráfico, es necesario continuar con esa labor para reducir los índices de inseguridad que esta ilícita actividad produce.