La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales aprobó, por mayoría, el informe final de la Denuncia Constitucional 355 que recomienda acusar a Betssy Chávez Chino, en su condición de excongresista y exministra de Estado, por la presunta comisión de los delitos de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo, y tráfico de influencias.
Asimismo, durante la sesión, dirigida por su titular, María Acuña Peralta (APP), el congresista delegado, Esdras Medina Minaya (RP), recomendó, además, solicitar al Pleno del Congreso el levantamiento del antejuicio político para la referida denunciada. La votación fue la siguiente: 16 votos a favor, 1 voto en contra y 1 abstención.
Los delitos imputados a Chávez Chino se encuentran tipificados en los artículos 399 y 400 del Código Penal. La denuncia fue interpuesta por la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides Vargas.
De acuerdo con el informe, a Chávez Chino se le imputa “conductas presuntamente delictivas, en su calidad de congresista y como ministra de Estado en las carteras de Trabajo y Cultura, debido a su relación con el núcleo familiar Sotelo Villa y la contratación de distintos miembros de dicha familia en distintos puestos públicos, en mérito a la relación sentimental con Antonio Sotelo Villa”.
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Previamente, el grupo de trabajo aprobó, por mayoría, el informe final de la Denuncia Constitucional 192 (antes 377), que recomienda acusar a la excongresista Lizbeth Robles Uribe por la presunta comisión del delito de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo, tipificado en el artículo 399 del Código Penal.
La denuncia fue presentada por la exfiscal de la Nación, Zoraida Ávalos Rivera, quien también la denunció por el delito de concusión, extremo que fue rechazado en el informe y por lo cual se recomendó su archivamiento. Obtuvo 17 votos a favor, 1 voto en contra y cero abstenciones.
La congresista delegada fue Francis Paredes Castro (PP), quien sustentó el informe, que, se centra en dos hechos.
Primero, que su conviviente y padre de su hija, Edward Rojas Rugel, se habría encargado de buscar y seleccionar a las personas que asumieran los puestos de asesores I y II en su despacho, para luego obligarlos a hacer una entrega mensual del 50% de sus remuneraciones en favor de la denunciada.
Segundo, haber contratado a Hernán Rojas Rugel en el cargo de asesor I, a pesar de ser hermano de su entonces pareja Roger Rojas Rugel.
Audiencia
Como primer punto de agenda se continuó con la audiencia relacionada a la Denuncia Constitucional 050 (antes 385) seguida contra el exministro del Interior, Carlos Morán Soto, por la presunta comisión de los delitos de fraude procesal, falsedad ideológica y falsedad genérica, tipificados en los artículos 416, 428 y 438 del Código Penal.
De acuerdo con la denuncia, interpuesta por el general PNP), Jorge Pérez Arteaga, el exministro habría cometido diversas irregularidades en el proceso de ascensos en el alto mando de la institución policial.
La audiencia se inició con la participación del teniente general PNP en retiro José Lavalle Santa Cruz, en calidad de testigo, quien respondió las preguntas de la congresista delegada Francis Paredes Castro (PP).
Participaron de inmediato, en forma virtual, el denunciante general PNP, Jorge Pérez Arteaga, y en forma presencial el denunciado exministro Carlos Morán Soto.
La audiencia continuará en una próxima fecha para volver a convocar al testigo Mateo Castañeda Segovia y a un nuevo testigo: el general PNP en retiro Gustavo Hananel García.