La Contraloría General de la República (CGR) detectó un perjuicio económico de 735,547 soles en la empresa pública Electro Sur Este S.A.A., debido a la falta de cobro de penalidades a dos empresas contratistas que ejecutaron obras fuera del plazo contractual, informó Joel Rodríguez Paz, gerente regional de Control Cusco.
El primer caso corresponde al Informe de Control Específico Nº 086-2024-2-0622-SCE, que indica que la entidad contrató al “Consorcio Tambopata” para mejorar las líneas y redes eléctricas primarias y secundarias en el distrito de Kosñipata, provincia de Paucartambo Cusco, y en el distrito y provincia del Manu Madre de Dios.
Según el cuaderno de obras, los trabajos finalizaron el 3 de septiembre de 2020; sin embargo, después de esa fecha, se registraron comprobantes de compra, guías de remisión de materiales y protocolos de prueba de cuatro transformadores instalados en el proyecto, lo que evidencia que la obra no concluyó en la fecha en mención.
Electro Sur Este S.A.A. otorgó días adicionales para la culminación de la obra sin aplicar penalidades por el retraso injustificado. En enero de 2021, el inspector verificó y aprobó el levantamiento de observaciones hechas por el comité de recepción, aunque faltaba completar la señalización, que se terminó al mes siguiente.
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Según la Contraloría, los retrasos injustificados llegan a 151 días, los cuales no fueron reflejados en la liquidación de la obra, ni advertidos por los servidores de la entidad, lo que impidió el cobro de una penalidad de 333,735 soles por mora. Asimismo, la empresa contratista no devolvió un saldo de 782 soles a favor de Electro Sur Este, generando un perjuicio total de 334,518 soles.
“La empresa no le aplicó, ni cobró penalidad alguna, es más se liquidó la obra, sin que esto haya sido cobrado al contratista. Se ha identificado presunta responsabilidad penal a cinco funcionarios de la entidad, a tres de estos se les imputó responsabilidad administrativa sujeta a la potestad sancionatoria de la Contraloría”, subrayó Rodríguez Paz.
Segundo caso
En el segundo proyecto de ampliación del sistema de distribución en redes de media y baja tensión en 15 localidades de Sicuani, provincia de Canchis, a cargo del “Consorcio WS”, fue con un costo de 6 millones 875,383 soles.
De acuerdo con el Informe de Control Específico N.º 087-2024-2-0622-SCE, el proyecto inició el 14 de octubre de 2021 con un plazo de 240 días, debiendo finalizar el 10 de junio de 2022; no obstante, para esa fecha aún se realizaban trabajos de montaje electromecánico.
En junio, el contratista comunicó la culminación de la obra a la supervisión, que en julio emitió el certificado de conformidad técnica. Sin embargo, en septiembre, la comisión de recepción verificó que la obra no estaba terminada. Aun así, la entidad procedió con la liquidación y pago, sin considerar las penalidades por los días de retraso, lo que generó un perjuicio de 387,913 y 13,115 soles adicionales por no aplicar sanciones a la supervisora del proyecto.
“Ya se han emitido los informes 86 y 87, se ha comunicado al titular de la entidad, al Procurador Público Anticorrupción, en el caso del primer informe, y en el caso del segundo, al ser responsabilidad civil de 12 funcionarios públicos está en la procuraduría de la Contraloría para la demanda correspondiente y también en el Órgano Instructor de Contraloría para el deslinde de responsabilidad sujeta en el caso de 3 los funcionarios (arriba mencionados)”, concluyó Joel Rodríguez.