La Defensoría del Pueblo hizo un llamado a las empresas de telecomunicaciones y electricidad para que inicien el retiro del cableado aéreo en desuso o en mal estado en las zonas urbanas del país, ello tras la aprobación del reglamento de la Ley 31595, que establece los procedimientos y plazos para dicho proceso.
La entidad invocó a que el retiro del cableado se realice en el más breve plazo, a fin de proteger a la población frente los riesgos que implica la presencia de dicha infraestructura.
Resaltaron la incorporación de varias de sus recomendaciones en el reglamento publicado el último martes, como la definición de zona urbana para una adecuada aplicación de la norma y las responsabilidades de las empresas concesionarias y proveedores de infraestructura, así como la aprobación de los formatos para la elaboración de los planes de acción y planos de calles para el retiro de los cables aéreos en desuso.
De otra parte, se precisan las responsabilidades del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) y del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), a cargo de la supervisión ambiental del retiro de cableado de electricidad y telecomunicaciones, respectivamente.
Si bien la Defensoría destacó la relevancia de la aprobación del reglamento, advirtieron que las sanciones por incumplir con sus disposiciones recién podrían imponerse a partir del 2026, por lo que advierten el riesgo de retraso en la implementación y eficacia de la norma.
En ese sentido, la entidad señaló la necesidad de un firme compromiso de los organismos del Estado involucrados, para la obtención de resultados que garanticen la seguridad y condiciones de calidad en la prestación de los servicios públicos.
Además, señalaron que es responsabilidad del Ejecutivo fortalecer las capacidades de las municipalidades provinciales y distritales a nivel nacional en materia de supervisión del retiro de dicha infraestructura.
Cableado en centros históricos
La Defensoría del Pueblo también reiteró la necesidad de precisar los alcances de la aplicación de la Ley 30477, que regula la ejecución de obras de servicios públicosautorizadas por las municipalidades en las áreas de dominio público.
Señalaron que dicha norma establece disposiciones para el retiro tanto del cableado en mal estado como de postes y toda instalación aérea en similares condiciones, a efectos de que durante las empresas evalúen sus condiciones estructurales y procedan con su retiro o reemplazo, de ser el caso.
La ley, agrega la institución, estableció el soterrado de cableado de telecomunicaciones y de electricidad en centros históricos. «Esta acción debió ejecutarse en 67 centros históricos; sin embargo, hasta el momento no se ha cumplido con dicha disposición por diversos factores», informó la Defensoría.
Ante ello, recordaron que la ciudadanía puede reportar casos de postes y cableados en mal estado a través de los canales de atención de las empresas de telecomunicaciones y electricidad o ingresando a la plataforma “Tukuy Rikuy”, administrada por el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin).
Asimismo, puede hacerlo vía el aplicativo móvil o página web en «Checa tu caso», del Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel).