El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Víctor Ticona Postigo, sostuvo hoy que reducir los porcentajes máximos de aportes privados que reciben los partidos políticos dificultará la fiscalización y el control de los fondos empleados en su financiamiento.
Ante la comisión de Constitución del Congreso, que debate los proyectos de ley respecto al financiamiento de partidos políticos, precisó que a mayor fraccionamiento y atomización de los máximos y topes en los aportes, más dificultades habrá para la fiscalización.
“El pleno del TC dice que la reducción podría conducir a la atomización, al fraccionamiento que lleva las dificultades en la fiscalización y control del financiamiento”, aseguró.
Ticona se pronunció en ese sentido ante el proyecto de ley N° 5284 que propone reducir de 120 a 20 Unidades Impositivas Tributarias (UIT) las contribuciones privadas a los partidos políticos al año, reducir en la misma proporción los aportes obtenidos en actividades proselitistas y de 60 a 10 UIT el aporte para campañas distintas a la presidencial.
En relación al proyecto de ley N° 2513 2017 que propone incorporar la causal de recibir financiamiento de la corrupción para la ilegalidad de un partido, Ticona sostuvo que un inconveniente en esta propuesta es que se debe esperar a que el Poder Judicial, en un proceso largo, concluya que hubo financiamiento ilegal de la corrupción, en tanto, el partido seguirá operando.
En ese sentido, propuso que se pueda considerar la posibilidad de aplicar en lo inmediato una suspensión en el Registro de Organizaciones Políticas (ROP) y la cancelación de su inscripción.
Asimismo, se mostró en desacuerdo con el proyecto de ley N° 5371 que propone suspender la entrega de Financiamiento Público Directo el 2020 por el coronavirus, dado que, debido a la pandemia, se ha reducido los aportes privados y actividades proselitistas en los partidos.
“Suspender el Financiamiento Público Directo por restricciones en el gasto presupuestal estaría restringiendo la vida misma de los partidos, se limita la institucionalidad que se quiere con la reforma, se debilita, por eso el pleno del JNE considera que debe mantenerse”, afirmó.
Finalmente, dijo que en opinión del pleno del JNE, el no pago de multas electorales por parte de los partidos políticos debe tener sanciones progresivas que podrían ir desde la pérdida del financiamiento público, la inmovilización de la partida registral y, si hay reincidencia, la suspensión o cancelación de su inscripción.
Fuente: Agencia Andina