El Gobierno Peruano se comprometió a luchar contra el problema mundial de las drogas, remarcando que se ve afectado, junto a otros países de la región andina, por la presión externa que ocasiona la demanda global de cocaína.
A través de un comunicado, la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida) sostuvo que esta situación representa una grave amenaza para el Estado, en la medida que pone en riesgo el goce de los derechos fundamentales de las personas.
Asimismo, que este problema mundial reproduce una diversidad de daños a la seguridad, la economía, la salud, el ambiente y la gobernabilidad, afectando principalmente a zonas estratégicas y a poblaciones en situación de vulnerabilidad.
Se indica además que, entre el 2016 y el 2020, el Perú ha enfrentado un incremento de la superficie de cultivos de coca del 41%, pese a que se han erradicado alrededor de 113 mil hectáreas, se intervino 3,873 pozas de maceración y se destruyeron más de 1900 laboratorios de droga.
Asimismo que, durante los últimos gobiernos y gestiones en Devida, la coca se ha diseminado y se ha trasladado a las zonas fronterizas con Ecuador, Colombia, Brasil y Bolivia, como resultado de la creciente demanda mundial de cocaína.
Promueven pacto
Ante ello, la presente gestión en Devida viene promoviendo el Pacto Social Ciudadano como un compromiso construido entre el Estado y la sociedad civil de la región andino-amazónica, con derechos y deberes recíprocos, prioritariamente con los pueblos originarios y los productores agrarios.
El objetivo es que estas comunidades reduzcan voluntariamente los cultivos de coca con fines ilícitos a cambio de servicios oportunos de parte del Estado, en el marco de la actual Política Nacional Contra las Drogas al 2030.
“La necesidad de este Pacto se sustenta en el fracaso de la disminución forzosa de cultivos de coca y en la falta de articulación intergubernamental entre las diferentes instituciones del Estado en las acciones contra el Tráfico Ilícito de Drogas (TID)”, se lee en el comunicado.
Asimismo, Devida sostiene la necesidad de impulsar a nivel internacional una perspectiva de responsabilidad común y compartida para enfrentar el TID, que considere la estrecha relación que hay entre demanda ilegal de cocaína y el comercio internacional de los productos alternativos.
“La entidad, como ente conductor de la política contra las drogas, plantea una estrategia de disminución de cultivos de hoja de coca focalizados en áreas naturales protegidas y sus zonas de amortiguamiento, territorios de pueblos indígenas, bosques de producción permanente, concesiones forestales, zonas de resiembra y zonas fronterizas”, señalan a continuación.
De acuerdo al Plan Anual de Reducción del Espacio Cocalero Ilegal con Responsabilidad Social en el Perú al 2022, aprobado por el Ministerio del Interior, se prevé una disminución de 18 mil hectáreas de cultivos ilegales durante el 2022, informó Devida.