Responsabiliza a fallo del TC por dejar sin efecto su capacidad sancionadora y pide al Congreso priorizar su restitución.
Por ello llamó al Congreso a priorizar la restitución de la facultad sancionadora de su institución, al señalar que la falta de esta puede librar de procesos administrativos a funcionarios que incurran en corrupción o inconductas durante la emergencia por el coronavirus. Recordó que la ley no tendría efecto retroactivo, por lo que estos funcionarios se librarían de sanción administrativa.
“Cada día que pasa es un día que perdemos la posibilidad para que no haya impunidad, por eso es muy importante que se apruebe (la facultad)”, afirmó el contralor a la Agencia Andina. Shack señaló que en abril de 2019 quedó sin efecto la capacidad sancionadora de la Contraloría en la administración pública a partir de una sentencia del Tribunal Constitucional (TC).
“La sentencia del TC limpió de un plumazo la responsabilidad a más de 15,000 funcionarios que estaban en proceso. Todos esos procesos se declararon improcedentes y se archivaron”, mencionó el funcionario.
“En 2019 se identificó más de 8 mil funcionarios con responsabilidad administrativa, civil y penal. De la parte civil y penal, se encarga la justicia; de la administrativa, eran más de 7,000 funcionarios (…)”. De esos 7,000 funcionarios, dijo, la mitad estuvo relacionado con casos graves y muy graves.
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