Organismo contralor señala que los beneficiados con esta decisión son funcionarios del gobierno de PPK y Vizcarra.
Fuentes de la Contraloría nos indicaron que la sentencia del Tribunal Constitucional que declaró inconstitucional la facultad sancionadora de esta institución los tiene atados de manos en la lucha contra la corrupción en plena emergencia, y favorece a los investigados por presuntas irregularidades y corrupción.
“La Contraloría tiene las manos atadas, no puede inhabilitar ni separar de la función pública porque no tiene la capacidad administrativa, por esta sentencia”, indicaron.
Además, explicaron que la norma impidió sancionar a 15 mil funcionarios y servidores, del gobierno de PPK y de Martín Vizcarra, que pueden seguir trabajando en sus puestos hasta que haya sentencia firme en el Poder Judicial, y “para ello pueden pasar varios años”, indicaron.
De otro lado, indicaron que llama la atención que si bien el fallo del TC fue firmado en abril del 2018, recién se hizo público un año después, en abril del 2019. ¿A quiénes se benefició?
Señalaron también que en este periodo de emergencia, los casos detectados de irregularidades y corrupción tampoco pueden ser sancionados por la Contraloría y solo queda esperar que la institución afectada pueda sancionarlos.
“Es importante la sanción de Contraloría porque lo expurga, lo saca de la institución, cuando lo suspende o inhabilita, lo que no sucede con el proceso penal que puede durar dos o tres años, mientras el funcionario que cometió probablemente delito sigue en su escritorio, y siga cometiendo fechoría”, explicaron.
Contraloría presentó esta semana un nuevo proyecto de ley ante el Congreso para que restituya la capacidad sancionadora. Esta nueva propuesta actualiza la presentada el 2019 y considera los nuevos tipos de infracción y la situación de emergencia.
Fuente: Diario Expreso
