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La sensación de impunidad se notará en la ciudadanía cuando no se sancione a funcionarios

El contralor Nelson Shack dijo hoy que la sensación de impunidad se notará en la ciudadanía cuando no se sancione a funcionarios que han cometido actos de corrupción o inconducta funcional, en especial durante la emergencia sanitaria por el coronavirus covid-19.



Reitera al Congreso pedido para devolverle facultad sancionadora a organismo de control.

El contralor Nelson Shack dijo hoy que la sensación de impunidad se notará en la ciudadanía cuando no se sancione a funcionarios que han cometido actos de corrupción o inconducta funcional, en especial durante la emergencia sanitaria por el coronavirus covid-19.

Por ello reiteró al Congreso de la República su exhortación de devolverle a este organismo de control la capacidad sancionadora reconocida constitucionalmente.

Durante su presentación ante la comisión especial covid-19 del Congreso precisó que la ciudadanía conocerá, mediante los informes de control, los casos irregulares cometidos durante la pandemia y reclamará sanciones oportunas; sin embargo en muchos casos no se darán. 

Ahí vendrá el problema, por la gran sensación de impunidad que todavía existe, ya que la Contraloría hoy tiene recortadas sus capacidades para sancionar administrativamente a nadie”, alertó.

La incapacidad, recordó, fue generada por una sentencia del Tribunal Constitucional (TC), en  abril del 2019, por lo cual exhortó al Congreso a priorizar el debate y la aprobación de la ley que devuelve la capacidad de sanción a la Contraloría.

“Es necesario que se apruebe el proyecto de ley que hemos presentado al Congreso, en una versión actualizada en la que se han incluido las infracciones sobre el tema de la pandemia”, agregó.
Al mismo tiempo dijo que no solo se trata de sancionar a quienes hacen mal las cosas, sino también a quienes no ejecutan oportunamente las decisiones. 

“La omisión en las funciones, la no ejecución apropiada del gasto y el retraso injustificado en la ejecución de bienes y servicios públicos que la ciudadanía necesita también debe sancionarse y, en consecuencia, los responsables ser inhabilitados o suspendidos de su función”, refirió.



Servicios de control en Huancavelica

Por otro lado informó que la Contraloría realizó 211 servicios de control en entidades del Gobierno Nacional, regional y local de Huancavelica, durante la emergencia sanitaria, para supervisar el uso de los recursos públicos en la mitigación de los riesgos del covid-19 en este departamento.

Entre las principales intervenciones se encuentra la efectuada en el establecimiento penitenciario de Huancavelica, donde se advirtió que el penal no cuenta con personal médico ni las medicinas para una adecuada atención de internos y trabajadores contagiados con covid-19.

Los tres informes de control fueron notificados a las autoridades penitenciarias para que adopten las acciones correctivas que garanticen una adecuada atención de salud a internos y a los trabajadores del penal.

Se conoció, asimismo, que la Contraloría General detectó un presunto perjuicio económico por más de 30,000 soles en la municipalidad distrital de Roble, provincia de Tayacaja, por la no distribución de canastas básicas al 64 % de la población vulnerable de esa zona perteneciente al valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem).

El Informe de Acción de Oficio Posterior 028-2020-OCI/0397-AOP advierte que la municipalidad recibió 50,000 soles para llevar a cabo la adquisición y distribución de productos de primera necesidad, pero que no habría entregado la totalidad de las canastas, generando un presunto perjuicio económico por 31,888 soles.

Fuente: Agencia Andina

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