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PCM aprueba proyecto de ley para la protección de dirigentes comunales y/o indígenas u originarios

Iniciativa contempla medidas ante situaciones de riesgo por actividades de defensa de los derechos de sus comunidades o pueblos, informa ministro Félix Chero.

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El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Félix Chero Medina, informó que el Consejo de ministros aprobó, de manera unánime, el proyecto de Ley para la protección y asistencia de las y los dirigentes comunales y/o de organizaciones representativas de los pueblos indígenas u originarios que se encuentran en situación de riesgo como consecuencia de sus actividades de defensa de los derechos de sus comunidades.

Indicó que no podemos permitir más ataques y muertes de dirigentes comunales, indígenas u originarios, y que la iniciativa se aprueba en cumplimiento de lo anunciado en los Consejos de Ministros Descentralizados.

Afirmó además que, desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh), están comprometidos con los dirigentes para que cuenten con protección y respaldo ante a los riesgos que afrontan por realizar sus actividades de promoción, protección y reivindicación de los derechos de sus comunidades.

El proyecto de Ley, que se aprobó en concordancia con las políticas de gobierno que impulsa el presidente de la República, Pedro Castillo, establece medidas de protección, que comprenden acciones extraordinarias de resguardo frente a actos contra los dirigentes o su entorno familiar o personal, que se adoptarán ante el riesgo grave e inminente para la vida o la integridad. Se contempla la evacuación de la zona de riesgo, la protección policial personal y los patrullajes policiales en la zona de riesgo.


Establece también medidas de asistencia, que se otorgan cuando no se identifican actos que generen un riesgo grave o inminente para la vida o integridad personal, pero que inciden o limitan sus actividades de defensa de derechos comunales o de pueblos indígenas.

Estas medidas contemplan asistencia legal a través de la Defensa Pública del Minjusdh; declaraciones públicas de apoyo; visitas públicas en la zona de riesgo; supervisiones ambientales y medidas administrativas, según corresponda; y las acciones legales pertinentes ante la posible comisión de delitos ambientales que afecten a las comunidades.

La iniciativa legal define como zona de riesgo al ámbito geográfico en el que se registra uno o más actos que ponen en riesgo grave e inminente la vida, la integridad personal o que inciden o limitan las actividades de los dirigentes.

Crea además un registro para facilitar la atención a los dirigentes comunales y/o dirigentes de organizaciones representativas nacionales, regionales o locales, que defienden derechos comunales y/o colectivos sin recurrir al uso de la violencia y con arreglo al Derecho nacional e internacional, y que afrontan agresiones, amenazas o riesgos, para la adopción de medidas de protección o medidas de asistencia. El Registro considera también a las personas del entorno familiar y personal, cuando se encuentran en riesgo por la misma razón.

El proyecto define como actos contra los dirigentes a toda agresión, amenaza o riesgo en agravio o con el objetivo de perjudicarlos, o a su entorno familiar o personal, a causa del ejercicio de sus actividades de representación, que puede afectar su vida o su integridad física, psicológica o sexual u otros que interfieran con sus actividades.

Entre estos, actos como atentados contra la vida o integridad; detenciones arbitrarias, agravios contra el honor, la imagen y/o la reputación; destrucción de la propiedad o medios de vida; obstrucción del derecho de libre tránsito o limitación al derecho de reunión; amenazas a la seguridad en el ejercicio de su labor; estigmatización y mensajes de odio; violencia de género; violencia física, sexual, psicológica o económica; hurto de información y actos de tortura u otros tratos crueles e inhumanos.

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