Tras revelarse que el Estado asumirá la defensa legal de la exjefa de la Sunat, Tania Quispe, el congresista de Unión por el Perú (UPP), Javier Mendoza Marquina, planteó que el Congreso debe corregir la normativa que permite defender contratar estudios de abogados para que enfrenten procesos legales por presuntos delitos en contra del propio Estado.
Según dijo, ello es doblemente contraproducente para el erario nacional. Mendoza Marquina se refirió acerca de la decisión de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) de contratar asesoría legal para Tania Quispe Mansilla, quien es investigada por “no ser diligente” en los casos contra la constructora brasileña Odebrecht.
“Considero que no es ético que un funcionario que hizo daño al Estado con sus actos de corrupción sea defendido a través de contrataciones de abogados que mellan al erario nacional. Desde el Congreso se debe proponer un cambio porque el resguardo del Estado en sus bienes debe ser primordial”, comentó.
CORREGIR
El parlamentario de UPP explicó que desde la Comisión de Justicia o de Constitución se debe corregir este error que se ha mantenido entre los funcionarios públicos.
“Voy a plantear ese tema en mi bancada y ante el Parlamento porque no es justo que alguien que hace daño al Estado sea defendido por este. Es un contrasentido”, opinó el parlamentario.
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