Suspensión de visitas familiares por temor al contagio provoca hambre.
La irrupción del coronavirus ha crispado los nervios en los hacinados penales latinoamericanos, provocando fugas masivas, varios motines que dejaron más de 80 muertos y llevando a varios gobiernos a tomar la impopular medida de liberar a presos.
Algunos medios locales cifraron los fallecidos en más de 60. La precariedad de muchos penales hace que la alimentación de los reclusos dependa de lo que les llevan sus familiares, por lo que la suspensión de visitas se traduce en hambre.
La primera señal de alarma fue en Brasil el 16 de marzo y por la razón opuesta: la restricción de salidas temporales para evitar el ingreso del virus. Cerca de 1.400 presos se fugaron de varias prisiones del interior de Sao Paulo en reacción a la medida; las autoridades lograron recapturar a unos 600.
Desde entonces, cada semana han estallado nuevos disturbios en Colombia, Argentina, Perú o México, mientras los contagios crecen entre reos y custodios.
La Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, manifestó su “profunda preocupación” por las condiciones de las cárceles en la región y “la rápida propagación de COVID-19”.
El organismo llamó además a los Estados a emprender investigaciones exhaustivas de incidentes “extremadamente violentos” que han tenido lugares en centros de detención en medio del creciente temor al contagio y la falta de servicios básicos, dijo en un comunicado su portavoz, Rupert Colville.
Riesgo
“Las prisiones de la región son un factor de riesgo muy importante y muy serio” frente al coronavirus, confirma Gustavo Fondevila, profesor del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) en México y especialista en el sistema carcelario de América Latina, que admite que la situación es “explosiva”.
Y aunque dice que se puede implementar una serie de acciones para reducir el peligro, “los centros penitenciarios tienen poca capacidad de respuesta a situaciones como esta”.
El Peruano | AFP
