El Comité Internacional de Bioética (CIB) de la Unesco y la Comisión Mundial de Ética del Conocimiento Científico y la Tecnología (Comest) pidieron hoy un cambio de rumbo en las actuales estrategias de vacunación contra la covid-19, instando a que las vacunas se traten como un bien público mundial, para garantizar que estén disponibles de forma equitativa en todos los países, y no sólo para aquellos que hacen las ofertas más altas por ellas.
Esta declaración se presentó durante un evento en línea celebrado el 24 de febrero, que reunió a ambos órganos de ética de la Unesco junto con Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la Organización Mundial de la Salud, y el profesor Jeffrey Sachs, de la Universidad de Columbia (Estados Unidos).
“Cuando se anunciaron las campañas de vacunación en todo el planeta, el mundo respiró aliviado”, declaró la directora General de la Unesco, Audrey Azoulay. “Pero sin la solidaridad, estamos lejos de lograr el objetivo, y más de 130 países aún no han recibido una sola dosis y, hasta ahora, los más vulnerables no están protegidos”.
Mientras que algunos países avanzados han conseguido vacunas suficientes para proteger a toda su población dos, tres o cinco veces, el sur del planeta se está quedando atrás. Tal como están las cosas hoy, los habitantes de muchos países en desarrollo no tendrán acceso a las vacunas hasta bien entrado el año 2022.
Los últimos anuncios del G-7 son bienvenidos, pero tienen que traducirse en un suministro efectivo de vacunas en los países en desarrollo.
“No terminaremos con la pandemia en ningún lugar si no acabamos con ella en todas partes”, dijo Tedros Adhanom Ghebreyesus. “En última instancia, la equidad en las vacunas no es sólo lo correcto, sino la mejor manera de controlar la pandemia, restablecer la confianza y reiniciar la economía mundial. Por ello, acojo con satisfacción la declaración de las comisiones de ética de la Unesco sobre la equidad y la solidaridad en materia de vacunas. Es muy oportuna. (…) Juntos, podemos acabar con la pandemia”, añadió.
Por su parte, el profesor Sachs pidió al Fondo Monetario Internacional que permita a los países en desarrollo recurrir a los derechos especiales de giro para financiar el desarrollo de vacunas, y añadió que los países desarrollados deberían ser más solidarios y contribuir a la financiación del mecanismo Covax.
La declaración
En primer lugar, las industrias farmacéuticas tienen la responsabilidad de compartir la propiedad intelectual adquirida con apoyo de los gobiernos para permitir a los fabricantes de todos los países el acceso a las vacunas para todos, que deberían considerarse un bien público mundial. El CIB y la Comest también subrayan la responsabilidad de la industria farmacéutica de invertir en fábricas capaces de producir vacunas de la mayor eficacia posible y facilitar su rápida distribución allí donde sea necesario.
En segundo lugar, el CIB y la Comest afirman que el beneficio de la vacuna para el mayor número de personas no puede considerarse el único criterio ético.
También deben tenerse en cuenta la igualdad, la equidad, la protección de la vulnerabilidad, la reciprocidad y el interés superior de los niños. Además, las decisiones sobre la distribución justa y la priorización deben basarse en el asesoramiento de un grupo multidisciplinar de expertos en bioética, derecho, economía y sociología, junto con científicos.
En tercer lugar, consideran que las estrategias de vacunación deben basarse en un modelo no obligatorio y no punitivo, basado en la información y la educación, incluido el diálogo con las personas que puedan tener dudas sobre la vacunación o sean hostiles a ella. El rechazo a la vacunación no debe afectar a los derechos fundamentales de la persona, en concreto a su derecho de acceso a la sanidad o al empleo.
Otros temas que aborda la declaración son: la cooperación internacional entre todos los diferentes sectores que trabajan en la covid-19 para compartir los beneficios de la investigación; los problemas de sostenibilidad que favorecen la aparición de enfermedades zoonóticas; la confianza en la ciencia y en las autoridades sanitarias o la indispensable necesidad de diálogo entre ciencia, ética, política y sociedad civil.
Fuente: Agencia Andina.