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Aprobación de facultades fortalecerá regulación migratoria y lucha contra la criminalidad

Dicho paquete normativo se suma a las herramientas legales que le permitirán al Estado poner en marcha una batalla integral por la seguridad ciudadana.

La reciente aprobación de facultades otorgadas por el Congreso de la República al Poder Ejecutivo para legislar en materia de seguridad ciudadana contribuye con la lucha frontal contra la delincuencia común y el crimen organizado, precisó el Ministerio del Interior (Mininter).

Dicho paquete normativo se suma a las herramientas legales que le permitirán al Estado poner en marcha una batalla integral por la seguridad ciudadana, informó el ministro del Interior, Vicente Romero, quien a la vez saludó la disposición de los congresistas en aprobar la delegación de facultades al Ejecutivo y contribuir en la lucha contra la delincuencia y la criminalidad.

Precisó que seis ejes normativos del proyecto presentado por la presidenta Dina Ercilia Boluarte, el pasado 28 de julio, fueron aprobados sin ninguna modificación.

Entre ellos se encuentran el fortalecimiento de las medidas de atención frente a casos de violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar, así como la agilización del proceso de búsqueda, atención y difusión frente a casos de desaparición de personas vulnerables.

A ello se suman las acciones referidas a la prevención y combate del comercio ilegal de equipos terminales móviles, en el marco de una lucha directa contra los mercados negros. Asimismo, se aprobó propuestas para fortalecer la disciplina policial mediante la aplicación oportuna y eficaz de sanciones al personal policial que haya vulnerado el Régimen Disciplinario PNP.

Cabe resaltar que otros ejes normativos también fueron aprobados por el Parlamento, pero con textos sustitutorios, mientras que hay cuatro que no fueron aprobados y serán retomadas mediante proyectos de ley (iniciativas legislativas).

Entre las propuestas con textos modificatorios figuran el fortalecimiento de la lucha contra la extorsión, estafa, fraudes y otros delitos, haciendo frente a la delincuencia, en irrestricto respeto de los derechos fundamentales garantizados por la Constitución.

Otro punto clave fue la aprobación de la actualización del marco normativo sobre crimen organizado, tráfico ilícito de drogas, control e investigación de insumos químicos y delitos conexos, incorporando delitos aduaneros, delitos relacionados con la pesca ilegal y delitos contra los derechos intelectuales.

En relación al control migratorio, se acordó potenciar el marco normativo para ampliar el plazo para la identificación de extranjeros hasta por 12 horas; fortalecer las intervenciones policiales en flagrancia e incluir la tipificación de reingresos clandestinos o sin controles migratorios; así como fortalecer las funciones de la Superintendencia Nacional de Migraciones.

También se aprobó la autorización del uso de recursos del canon y sobrecanon para el fortalecimiento de la seguridad ciudadana sin afectar la autonomía de los gobiernos regionales y gobiernos locales, así como la renovación del parque automotor.

Se suma también la modificatoria del Código Penal en materia de delitos contra la seguridad y tranquilidad pública, sin criminalizar las libertades de información, opinión, expresión y difusión del pensamiento, así como el derecho a reunirse pacíficamente sin armas u otros derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Política del Perú.

El ministro Vicente Romero destacó que el Mininter también trabajará intensamente contra el crimen organizado, repotenciando la criminalística, mejorando la salud policial y el funcionamiento del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana (Sinasec).

Finalmente, informó que las propuestas para establecer el marco normativo para la evaluación de la idoneidad del personal policial, y la iniciativa de “modificatoria de la Ley 30299 para el control de armas de fuego, municiones, explosivos, productos pirotécnicos y materiales relacionados de uso civil, y evitar su desvío hacia el mercado ilegal”, serán retomados a través de iniciativas legislativas del Ejecutivo.

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