PJ evaluó apelación a fallo que denegó impedimento de salida del país contra Susana Villarán

La Quinta Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior Nacional evaluó hoy la apelación del Ministerio Público contra una resolución que denegó el impedimento de salida del país contra la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán, y otros investigados por el caso Rutas de Lima.

Tras escuchar a la representante de la Fiscalía, así como a los abogados de los investigados, la Sala indicó que dará a conocer su resolución en el plazo de ley, la misma que será notificada a las partes oportunamente.

La fiscal Teresa Nelly Tapia Cruz, adjunta superior del Caso Odebrecht, sustentó su pedido de apelación en errores de derecho que sustentaron la resolución y en la necesidad de que los investigados se encuentren en el país para participar en las diligencias.

“Hay diversas diligencias que ameritan la necesidad del impedimento de salida del país, la resolución dice que estas no serían lo suficiente para emitir la medida, pero debemos señalar que existen más de 30 diligencias pendientes de realización”, aseveró ante a la Sala.

Explicó que las testimoniales y las pericias pendientes de realización requieren que los investigados se encuentren en el país.

En cuanto al plazo, la fiscal consideró como razonable que el plazo de impedimento de salida del país sea por 24 meses y no de 36, como había solicitado la fiscalía supraprovincial en su recurso declarado infundado el pasado 6 de diciembre de 2023.

A su turno, Alberto Miranda Valer, abogado de Susana Villarán, pidió rechazar la apelación al considerar que la fiscalía no ha demostrado fehacientemente la necesidad de la participación presencial de su patrocinada en las diligencias para esclarecimiento de los hechos.

“Consideramos que no es necesario la participación de mi patrocinada”, sostuvo ante la Sala al cuestionar también que se le dé el valor de verdad absoluta a la declaración de un colaborador eficaz para imputar responsabilidad a la exalcaldesa de Lima.

Villarán es investigada por el presunto delito de colusión agravada y otros en agravio del Estado por la adjudicación del proyecto Rutas Nuevas de Lima a la empresa Odebrecht, hecho ocurrido en su gestión y la gestión del exalcalde Luis Castañeda Lossio.

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