La Comisión Parlamentaria Multipartidaria que investiga las irregularidades en diversas licitaciones y obras realizadas por empresas constructoras chinas en el país, recibió un plazo adicional para culminar su informe final.
Este se prolongará durante 60 días, de acuerdo a la solicitud incluida en el informe preliminar aprobado hoy por el pleno del Congreso.
El presidente de este grupo, Héctor Valer (SP) señaló que es necesario que se amplíe el plazo de la investigación a fin de analizar la documentación que se ha remitido desde diversas instancias y concretar los pedidos de levantamiento de secreto bancario que se han efectuado. Indicó que el ámbito sobre el que se centran las pesquisas es el del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.
En cuanto al periodo que la comisión investiga, este abarca los gobiernos que el país tuvo entre los años 2018 y 2022; es decir, a los de Martín Vizcarra, Manuel Merino, Francisco Sagasti y Pedro Castillo. Indicó que la presunción sobre la que se trabaja es la de que existe una organización criminal en el sector público cuyo objetivo es el de favorecer a las empresas chinas.
Señaló que se ha detectado a un grupo de 93 funcionarios que participarían en las irregularidades investigadas y que serán objeto de una denuncia penal en el informe final. Asimismo, mencionó la existencia de un “grupo moqueguano” cuyos miembros estuvieron en el sector público hasta el año pasado, direccionando el otorgamiento de buena pro para las empresas chinas.
Estas, además, han ocasionado pérdidas y estafado a 800 pequeños empresarios a los que subcontrataron, indicó.
Contratos diversos
El parlamentario afirmó también que se han detectado 93 contratos con empresas chinas en el ámbito mencionado: En el Ministerio de Transportes figuran 22 contratos por 598 millones de soles; en Provías Descentralizado, 16 contratos por 1,851 millones; en Provías Nacional 27 contratos por 4,746 millones de soles y en gobiernos regionales y locales 28 contratos
Valer señaló también que durante el gobierno de Vizcarra se firmaron 54 contratos por 4,000 millones de soles; en la gestión de Merino un contrato por 205 millones; en la de Sagasti 13 contratos por 2,000 millones y en el gobierno de Castillo 17 contratos por 2,000 millones.