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Corrupción jaquea a Gabinete Zeballos

Fiscalía pide 9 años de cárcel contra ministra Barrios Alvarado, de PRODUCE, por presunto delito de peculado cuando era funcionaria de la PCM en 2014. También es investigado titular del MTC.

El Ministerio Público presentará una acusación fiscal contra la ministra de la Producción, Rocío Barrios, por presuntamente haber incurrido en el delito de peculado doloso por apropiación, en agravio del Estado.

En el 2014, en el gobierno de Ollanta Humala y Nadine Heredia, la alta funcionaria era directora general de la Oficina de Asuntos Administrativos de la Presidencia del Consejo de Ministros.

Barrios y otros implicados habrían malversado fondos por un monto total de 177,279 soles a favor de la empresa Casa Importadora Andrea S.A.C., de la que es representante Anthony Elías Torres.

También se atribuye a los ciudadanos Ángel Portugal, Carlos Escalante, Ángel Cornejo y Carmen Ibárcena, funcionarios de la PCM, junto a Anthony Torres, como cómplices del delito de peculado doloso, por presuntamente haberse apropiado de dinero del Estado.

El método habría sido la simulación de un contrato, entre julio y diciembre de 2014, presuntos servicios de la empresa Casa Importadora Andrea S.A.C y Grupo Torres & Torres Luna S.A.C, para la prestación de servicios de mantenimiento de 40 vehículos.

La Segunda Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios asume que se debe considerar la existencia de diversos agentes en el supuesto delito.

Con este atenuante y agravante, respectivamente, solicitan en total 9 años y 3 meses de prisión efectiva.

El requerimiento lleva la firma del fiscal adjunto Edwin Manrique Durand, y fue presentado ante el Poder Judicial el pasado 31 de enero, junto con todos los elementos de convicción.

Si tenemos en cuenta que la última recomposición ministerial fue el 14 de febrero último, sucede que apenas han pasado más de 15 días para el estallido de otra crisis ministerial poniendo al gabinete Zeballos en una situación complicada, con el caso adicional del ministro Carlos Lozada, de Transportes y Comunicaciones (MTC), quien también es investigado por la Primera Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios.

TAMBALEA LOZADA

En el caso del titular del MTC, el presidente Martín Vizcarra ya estaría evaluando su permanencia en el Ejecutivo. Las declaraciones de la ministra Gloria Montenegro fueron una señal evidente de cómo se pondera cuánto afectará a la gestión presidencial dicho caso.

“De algo estoy segura, eso [la denuncia] no lo conocía nadie en el Gabinete, el presidente [Martín Vizcarra] tampoco. El Presidente es sumamente riguroso, es más, nosotros empezamos las sesiones del Consejo cada miércoles con la exposición de la ejecución presupuestal […] y cuál es la primera recomendación: ‘ojo con la gente que mueve los fondos públicos, ojo con el control concurrente, ojo de anticiparse a lo que pueda pasar para no tener problemas’”, declaró ayer en Ideeleradio.

“Después de analizar las noticias, se siente que esto es un problema de antes, pero que sale recién en medios. Yo no podría decir qué pormenores hay detrás, sí considero que el ministro de Transportes, Carlos Lozada, debe pronunciarse el día de hoy al detalle”, agregó Montenegro.

Y es que a la información que dio EXPRESO la semana sobre el pago de 13 millones de soles a fines de 2018 a la empresa Obrainsa, investigada por su participación en el Club de la Construcción y socia de la brasileña Odebrecht, se sumó la reportada el domingo por ‘Cuarto Poder’, iniciada por la fiscalía antes citada.

El Ministerio Público formalizó entonces una investigación preparatoria contra Carlos Lozada, tres días antes de que jurara como titular del MTC.

De acuerdo con el dominical, la investigación se da por un contrato que firmó en mayo de 2018 Provías Nacional, del cual Lozada era director ejecutivo, con la constructora española San José para realizar obras de mejoramiento en la carretera Checca-Mazocruz, en Puno, proyecto paralizado y con contrato resuelto desde el pasado 18 de febrero.

La pesquisa se inició a partir de la denuncia de una de las empresas que participó en la licitación de la obra que señalaba que el contrato fue firmado sin que la empresa española cumpliera con algunos de los requisitos que figuraban en la base de licitación. Estos eran el registro único del contribuyente (RUC) y el código de cuenta interbancario.

PREMIER DEBILITADO

“La bancada [de Fuerza Popular] definiría si entrega el voto de confianza, luego de escuchar al premier Vicente Zeballos exponer su trabajo. Claro que hay que esperar si para entonces Zeballos se mantiene en su cargo y llega a presentarse en el Congreso, porque todavía no se instalan las comisiones, pero ya vemos cómo se debilita el gabinete, y creo que para mayo, cuando probablemente tenga que exponer, ya va a llegar demasiado debilitado”, señaló a EXPRESO el personero legal de Fuerza Popular, Roy Ventura.

SUBSANAR

Entonces, el actual titular del MTC sostuvo que la empresa sí cumplió con subsanar toda la información necesaria. Además, Provías entregó dinero por avance de obras a una sucursal peruana sin contar con estos requisitos.

“Para una empresa internacional es válido presentar esa información y luego se activa esa cláusula que está en el reglamento de la Ley de Contrataciones para que el mismo Banco de la Nación genere tanto su RUC nacional como su código de cuenta interbancario. Nosotros podemos hacer una fiscalización posterior, que lo hemos hecho y lo que ha determinado este análisis posterior es que ellos han cumplido”, dijo Lozada en 2018, según ‘Cuarto Poder’.

OMISIÓN DE REQUISITOS

El Ministerio Público señaló, sin embargo, que ninguno de los funcionarios de Provías que estuvieron a cargo de la verificación de los documentos –que duró apenas un día- hizo alguna observación por el incumplimiento de los requisitos.

Agrega, según el documento, que este actuar sería parte de un acuerdo previo con la representante de la empresa española, María Idoya Ruibal Rey, quien, afirma, estaba al tanto de la omisión de estos requisitos, pero que “confiaba en que no se iba a observar esta situación”.

Junto al ministro Lozada son investigados en calidad de autores del presunto delito de colusión, el jefe y el analista de la Unidad de Procesos de Selección de Provías, Miguel Ángel Unda Hinojosa y Homer Guillermo Figueroa Alfaro, respectivamente.

También están investigados Ana Cristina Barrionuevo Luna y Eduardo Arbaiza Espinar, asesores legales. Mientras que la representante de la empresa española es investigada en calidad de cómplice primario.

OBRAINSA

Lozada Contreras también firmó el 31 de diciembre de 2018, como director de Provías, la Resolución Directoral 2646-2018-MTC/20, en la que reconoce a Obras de Ingeniería SAC (Obrainsa) el pago de 16 millones 253 mil 534.54 soles por trabajos no incluidos en el contrato, en la ejecución de la obra “Construcción y Mejoramiento de la Carretera Camaná-Dv. Quilca-Mataraní-Ilo-Tacna, Sub Tramo 1: Matarani-El Arenal, Sub Tramo 2: El Arenal-Punta de Bombón”.

De ese monto, se aplicó un descuento de S/3’250,706.20, para ser consignado al pago del adelanto directo, otorgado por el contrato de ejecución de obra; es decir, se autorizó el pago de 13 millones 2 mil 827.64 soles.

Este pago se realizó, según fuentes al interior de Provías, pese a que había observaciones y objeciones, y a que la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Islay investiga las presuntas irregularidades en la ejecución precisamente de obra, que era realizada por un consorcio integrado por Odebrecht y Obrainsa, aunque la primera cedió sus derechos a la última.

Estas fuentes explicaron que ya el anterior director Ejecutivo de Provías, Ricardo Bernales Uzástegui, pretendió cumplir con ese pago, por los trabajos y materiales no autorizados. Pero no pudo concretarse.

TRIBUNAL ARBITRAL

Lo que subrayaron las fuentes de Provías es que Obrainsa ya había llevado su reclamo ante el tribunal arbitral de la Cámara de Comercio de Lima y se esperaba la resolución del organismo.

Provías y su entonces director, Carlos Lozada, creyeron perjudicial este trámite para “no incurrir en mayores gastos en perjuicio del Estado generado por el reconocimiento de intereses”.

Ello pese a que expertos consultados indicaron que existen antecedentes de que el tribunal arbitral ha decidido que sea el Poder Judicial el que se pronuncie sobre entrega de montos por acciones no incluidas en el contrato.

El 24 de diciembre de 2018, Obrainsa, mediante carta, informó de su desistimiento de la demanda arbitral y, una semana después, el 31 de diciembre, se aprobó ese pago.

En su momento, intentamos comunicarnos con el ministro Carlos Lozada. A través de la Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional le hicimos llegar un cuestionario y la solicitud de entrevista, pero esta no se produjo.

RESPONDE

Posterior a la publicación del reportaje, Obrainsa nos hizo llegar una comunicación que niega irregularidades en el pago, incluso señala que han cobrado menos del costo de los trabajos ejecutados que suman 18 millones 240 mil 977 soles.

Sin embargo, señalan que “Provías Nacional arbitrariamente resolvió que no correspondía su pago y, por lo tanto, la Entidad decidió hacerse del total de dichos trabajos sin pagar los mismos”.

Aclaró también que fue el propio Provías el que ofreció pagar los más de S/ 13 millones a condición de que la empresa se desistiese del arbitraje y de presentar cualquier reclamo.

SEVERIDAD

Isaac Pinilla, congresista por el Frepap, afirmó que se debe actuar con severidad ante el caso del actual titular de la cartera de Transportes. “Nosotros desde el Congreso, vamos a presentar una iniciativa para que los funcionarios públicos sean investigados en forma exhaustiva antes de asumir un cargo para evitar estas situaciones”, recalcó.

CARGOS SIMILARES

Carlos Lozada Contreras, quien reemplazó a Edmer Trujillo en el MTC, precisamente por afrontar una investigación en el Ministerio Público por el presunto delito de colusión simple en agravio del Estado, ahora también debe responder por cargos similares.

Fuente: Expreso

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