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Fracasó estrategia de Vela y Pérez

Romero Caro: se vienen más demandas ante el CIADI como puede suceder con Chavimochic III.

Conforme pasa el tiempo, el secretismo y la opacidad les están pasando factura a los fiscales del caso Lava Jato en el Perú. “Vivimos las primeras consecuencias de una errada estrategia que empezó en julio de 2018, cuando el fiscal Rafael Vela exigió -como condición para quedarse en el equipo especial- la salida del coordinador de entonces, Hamilton Castro, como en efecto sucedió el 20 de ese mes.

Craso error porque ahora el país está empezando a recibir los primeros impactos negativos de la nueva estrategia seguida por el Gobierno y los fiscales encabezados por Vela, la misma que consiste en complacer a Odebrecht en todo lo que pida.

Ese pecado original ahora nos agrede con la demanda de Odebrecht al Perú ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) por el gasoducto del sur, y, en el bloqueo de los servidores suizos, escribe Manuel Romero Caro en su columna habitual en el diario “Gestión” del jueves de la semana pasada.

Las consecuencias de esa hoja de ruta también se han visto en dos temas clave: en la venta de la joya más valiosa de la familia, la hidroeléctrica de Chaglla y, en segundo lugar, tratar de hacer lo mismo en el proyecto más caro, el referido gasoducto.

No hay que olvidar que Hamilton Castro afirmó que en su momento se negó a suscribir el convenio de colaboración eficaz con Odebrecht porque consideraba que esta firma había pagado coimas en 20 obras que él identificó, de los 76 proyectos que ejecutó en el Perú.

En las nuevas condiciones, con Vela a la cabeza, se bajó solo a cuatro donde se acepta sobornos: la Interoceánica Sur, Línea 1 del Metro de Lima, el corredor vial al Callao y la vía de evitamiento del Cusco, excluyendo el proyecto gasífero, el único que tiene cláusula anticorrupción en su contrato.

Había otro asunto que se debe tomar en cuenta. Y es que mientras el primero –Castro- basaba su trabajo en la investigación fiscal propiamente dicha, minimizando las colaboraciones eficaces, el segundo –Rafael Vela-, lo hacía con base en las declaraciones de los colaboradores eficaces.

NUEVAS EVIDENCIAS

Sea por falta de preparación en materia financiera, o por influencia del estilo de trabajo del juez brasileño Sergio Moro, adicto al soplonaje de las “delaciones premiadas”, el hecho es que con Vela se llevó adelante la venta de Chaglla, para regocijo de Odebrecht, y, en paralelo, las investigaciones sobre el gasoducto fueron congeladas en el esquema legal de la lenidad que, según los diccionarios, es sinónimo de benevolencia, blandura, flexibilidad, suavidad y moderación.

Una praxis permisiva hasta que el portal ecuatoriano La Posta reveló no solo 17 ‘codinomes’ o seudónimos de sobornados en las obras ejecutadas en estos lares, sino que se sindicaron alrededor de 20 obras en que hubo “coimas”, incluido el gasoducto el sur, que no estaban en el acuerdo de colaboración eficaz.

Para entonces, la fiscal del caso del gasoducto, Geovanna Mori, ya había archivado el cuadernillo, y, obviamente, librado de cargos a Jorge Barata y otros exfuncionarios de Odebrecht, pero ante las nuevas evidencias no tuvo otro camino que recular, recuerda Romero Caro en conversación con EXPRESO.

Ante las nuevas evidencias, la salida de Vela y su equipo fue de antología: no decir la verdad no es mentir, afirmaba, esto con tal de mantener la vigencia del acuerdo con un giro de naturaleza “progresiva y continua”, reforzando estas extravagancias con su idea fuerza de que al fin el país iba a conocer “toda la verdad”.

Y, con antelación, el lobby de Odebrecht ya había hecho su trabajo previo no solo en el Ejecutivo sino en el Congreso. Fue una fina cortesía del aún presidente Pedro Pablo Kuczynski enviar al Legislativo el proyecto de ley N° 2408 con carácter de urgencia, cuyo fruto inmediato fue la Ley N° 30737 que supuestamente asegura el pago inmediato de la reparación civil a favor del Estado.

La ley vio luz el 12 de marzo de 2018. Por entonces nadie o muy pocos se dieron cuenta que en la decimotercera disposición final de la citada norma, referida a los incentivos a la colaboración eficaz, estaba la trampa, porque dejaba textualmente establecido que “el Acuerdo de Colaboración Eficaz al que arribe el Ministerio Público con aprobación de los órganos judiciales puede eximir, suspender o reducir la aplicación de la presente ley”.

La primera consecuencia de esa ley fue que en la firma del acuerdo final de colaboración eficaz, el 15 de febrero de 2019, la Fiscalía la usó para rebajar la reparación civil (que con anterioridad fue calculada en más de 1,000 millones de dólares) a solo 610 millones de soles, pagaderos en cómodas cuotas de 15 años. Es decir apenas unos 185 millones de dólares.

PUNTO DE QUIEBRE

A continuación, a fines de abril de 2019, vino la venta de Chaglla, que fue para Romero Caro el “punto de quiebre” tanto porque estamos hablando de 1,400 millones de dólares cuanto porque aquí se puso en evidencia que el acuerdo ya no era ‘negocio’ para el Perú.

Esto porque en toda negociación “el punto a partir del cual lo que la Fiscalía le puede dar a Odb [Odebrecht] pase a ser menor que lo que Odb puede obtener de la Fiscalía (…), a partir de ese punto dejará de tener un interés significativo en seguir negociando en el marco de ACO [acuerdo de colaboración] porque ya obtuvo todo lo que quería”, escribe Romero Caro. Ya obtuvo Chaglla.

Romero Caro, sin embargo, considera que la misma Ley 30737 establece que los beneficios a otorgarse, como consecuencia del acuerdo, deben “sujetarse al principio de proporcionalidad entre la colaboración y el beneficio que se obtiene”, según la misma disposición transitoria.

Este es “un amplio campo de investigación para el nuevo Congreso porque ya hay casos en los que la anterior regla no se cumple, como en el gasoducto”, añade.

FACTOR SUNAT

Otro es el tema de la tributación. Sucede que por no consultar el equipo Lava Jato el tema tributario al ente competente, que es la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), la Fiscalía terminó invadiendo sus funciones e impidiendo el cobro de una deuda de 1,032 millones de soles.

“Cuando Sunat denuncia penalmente a Barata y otros funcionarios de Odebrecht, estos protestaron y, para variar, chantajearon, como en el tema del gasoducto, con dejar de entregar información”, recuerda Romero Caro.

“Hasta que la jueza Álvarez Camacho aprobó el acuerdo de colaboración eficaz, lo que unido a una ampliación de competencia para las indagaciones en materia tributaria, permitió al fiscal Pérez archivar todas investigaciones, incluyendo los delitos tributarios”, afirma.

“Lo que llama poderosamente la atención es que un acuerdo de beneficios en favor de Odebrecht pueda disponer el archivamiento de un delito común, como la defraudación tributaria”, añade.

Y las mismas circunstancias de no consultar el acuerdo de colaboración con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), específicamente con el Sistema de Coordinación y Respuesta del Estado en Controversias Internacionales de Inversión (SICRECI), como lo ha resaltado el periodista Ricardo Uceda. (LR, 11/02/2020).

Dicho de otra forma, de haberlo hecho, los técnicos del SICRECI les hubieran manifestado que incluyan una cláusula que bloqueara la posibilidad de demandas ante el CIADI y organismos similares.

¿MÁS DEMANDAS?

Por estas omisiones, o por el hecho de poner un tema de interés nacional en manos de gente inexperta en materia financiera, o ante la falta de liderazgo entre las entidades del Estado, como se ha visto en la última crisis de Gabinete, es que “no debería de sorprender a nadie si en el futuro Odebrecht decide interponer otra demanda ante el CIADI, por ejemplo por el caso de Chavimochic III”, advierte el economista.

Sobre todo si se tiene en cuenta la denuncia pública del gobernador regional de La Libertad, Manuel Llempén, el que precisa que el MEF le está solicitando que resuelva, de manera unilateral, el contrato con Odebrecht sobre la continuación de las obras paralizadas de la presa de Palo Redondo, parte de la tercera etapa del Proyecto Especial Chavimochic, desde 2016.

Llempen afirma que en su momento descartó tal opción y por ello presentó una adenda con la empresa brasileña, la que fue rechazada por el Ejecutivo, por lo que debe ser el MEF el que dé la salida, que podría ser otro arbitraje.

ESTRATEGIA CONSISTENTE

A estas alturas de la historia está claro que Odebrecht ha tenido una estrategia bien definida y consistente, con el añadido que en su acuerdo de colaboración contaba con el apoyo de Vela y Pérez y, obvio, del procurador ad hoc del Ministerio de Justicia, Jorge Ramírez.

“Ellos [los técnicos de Odebrecht] han analizado una serie de alternativas y contingencias que no han sido consideradas por los fiscales. Es así que puede cerrar el caño de la información y enviarla con cuentagotas, como lo ha demostrado una y otra vez”, asegura el experto.

“Y otro concepto que no se debió de incluir en el acuerdo es el de la colaboración ‘progresiva y continua’, que le permite a Odebrecht entregar las informaciones requeridas sin plazos. También lo usa para ir incluyendo ‘nuevos’ proyectos con pagos ilícitos, en la medida que terceros los vayan descubriendo, como los proyectos dados a conocer por el portal La Posta de Ecuador”, subraya.

ARTILUGIO LETAL

Con el agregado que en el ínterin los técnicos de Odebrecht han introducido un concepto letal contra el argumento central de la Fiscalía, de que eran ilegales todos los pagos incluidos en los sistemas Drousys y My Web Day. Y ahora resulta que contienen información de “transacciones lícitas, privadas e internas”.

En este estado de cosas obvio que tenía que fracasar la estrategia equivocada y permisiva de la lenidad. Tanto es así que había la sensación de conformarse al menos con “toda la verdad” de los cuatro proyectos. Pero ni eso.

CASO GASODUCTO LOS PERSIGUE

Conforme pasa el tiempo, está cada vez más claro que una de las razones del porqué el fiscal Rafael Vela impulsó la salida de Hamilton Castro del equipo especial Lava Jato, en julio de 2017, fue por el inicio de investigaciones del caso del gasoducto del sur.

Arguyó Vela que dicha pesquisa, así como una similar de Línea 1 del Metro de Lima, provocaron el “entorpecimiento” y la “paralización” de las investigaciones del caso Lava Jato porque “la constructora brasileña manifestó su preocupación y consecuentemente dejó de colaborar con la fiscalía peruana”.

Es decir, quebró el compromiso de contar toda la “verdad” en la colaboración eficaz que se venía negociando con base en “un acuerdo preliminar de lenidad [de no incriminación] con el Ministerio Público”.

No obstante que esa pesquisa no se basaba en los testimonios de Marcelo Odebrecht ni de Jorge Barata u otros funcionarios, sino a raíz de una denuncia interpuesta por el procurador público especializado en delito de corrupción de funcionarios, Vela se empecinó en que había que librar de todo tipo de denuncias a la firma mafiosa, como en efecto sucedió con el archivamiento por parte de la fiscal del caso, Geovanna Mori.

Fuente: Expreso

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