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Javier Villa Stein: “Martín Vizcarra controla todas las instituciones”

El Gobierno no quiere un decano del CAL que denuncie el golpe de Estado, denuncia ex vocal supremo.

-¿Por qué se dilata tanto la elección del nuevo decano del Colegio de Abogados de Lima (CAL)? ¿Quién es el culpable de que usted no asuma, porque prácticamente ya ganó?

En las últimas elecciones, yo gané en las 105 mesas por amplia mayoría; en consecuencia, me dieron por vencedor, pero yo creo que al Gobierno no le interesa que el Colegio de Abogados de Lima, que es más antiguo que la República, termine siendo de oposición en la hipótesis de que yo fuera el decano. Han copado el Poder Judicial; han copado el órgano electoral: lo vimos cuando el presidente del JNE, Víctor Ticona, permitió que el presidente de la República fácticamente presida una ceremonia violentado la independencia; han tomado la Fiscalía: todo parece indicar que el señor (Rafael) Vela y José Domingo Pérez son funcionales a Odebrecht y al Gobierno del señor (Martín) Vizcarra; han tomado el Congreso, porque en este momento estamos viviendo un golpe de Estado: esta elección del Congreso no convalida el golpe. Entonces, en ese escenario, no les conviene tener a un decano del CAL -absolutamente independiente y sin rabo de paja como es mi caso- que pueda denunciar a la comunidad nacional e internacional el golpe de Estado del señor Vizcarra y cómo es que ha tomado y controla todas las instituciones.

-¿Qué falta para que se lleven a cabo las nuevas elecciones? Lo último que sabemos es que la actual decana María Elena Portocarrero llamó a que los abogados no participen.

Así es, suprimió el concepto de multa y generó un caos absoluto, y en este momento podemos decir válidamente que el Colegio de Abogados de Lima es acéfalo, no tiene dirección. Hay algunos abogados que evalúan interponer denuncias legales por esta conducta contra la señora Portocarrero.

-Las nuevas elecciones se iban a realizar el 22 de febrero; reitero: ¿qué debería suceder para que se den de una vez?

Lo que se dice es que están buscando un comité electoral a la medida, estarían buscando una forma de votación conveniente. Hablando claro y con toda modestia, lo que no quieren es que entre yo.

-Si usted hubiera sido el decano del CAL cuando el presidente Vizcarra cerró el Congreso inconstitucionalmente, porque no existe eso de la denegación fáctica, ¿qué es lo que hubiera hecho? ¿Hubiera emitido un comunicado contundente rechazando el golpe de Estado?

Un comunicado no solo nacional, sino denunciando ante la comunidad internacional el golpe de Estado. No es lo mismo que lo diga un ciudadano a que lo diga el representante del Colegio de Abogados de Lima, que es una institución muy importante, y que tiene un impacto y una llegada internacional.

-Pero ya el Tribunal Constitucional declaró que es constitucional el cierre del Congreso.

Yo recomendaría a los que no votaron en esa línea renunciar al TC, porque el tribunal con ese fallo se ha autoconvertido en inconstitucional. La única manera de responder a ese agravio es que los que votaron en un sentido distinto, como Augusto Ferrero, (José Luis) Sardón y (Ernesto) Blume, renuncien al TC para no convalidar con su presencia un atropello jurídico de alta gama.

-Porque hay que entrar al detalle: la elección de los miembros del TC es potestad exclusiva y excluyente del Congreso de la República, ¿que el presidente Martín Vizcarra venga a presentar una cuestión de confianza para él designar cómo se dé esta elección no es, acaso, una interferencia de poderes?

Es una usurpación de funciones, por supuesto, y es violentar el principio democrático de separación de poderes que es tan importante.

-Y puede sentar un mal precedente porque cualquier presidente, un autócrata, por ejemplo, puede presentar una cuestión de confianza para cambiar cómo se elige al Defensor del Pueblo o por cualquier cosa.

O para perennizarse en el poder: el señor Vizcarra tiene varias acusaciones en Moquegua.

-Beto Ortiz dijo que lo único que evita que Vizcarra esté en la cárcel, como su amigo César Villanueva, es la banda presidencial, porque él carga una mochila pesada de investigaciones siendo la más grave el pago a una empresa del Club de la Construcción por más de S/40 millones cuando era gobernador de Moquegua. ¿Cree que el día en que Vizcarra deje la Presidencia irá preso?

Yo creo que debería, por lo menos, porque en este país puede pasar cualquier cosa. Debería ser encausado y procesado y explicar en qué consintieron sus intervenciones en (el aeropuerto) Chinchero, en el Hospital de Moquegua, etc. No nos olvidemos que fue el cajero de la campaña de PPK.

-Y también nos tiene que explicar cuál fue su papel como socio de Conirsa, el consorcio liderado por Odebrecht que construyó la Carretera Interoceánica.

Lo que me llama la atención del señor Vizcarra es la coincidencia con Susana Villarán y Alejandro Toledo. Toledo se puso la vincha para luchar contra la corrupción; la señora Villarán alardeaba todo santo día de la lucha contra la corrupción. Hoy día Vizcarra vive hablando de la lucha contra la corrupción. Ese solo hecho mueve a sospechas.

-Y si hablamos de lucha anticorrupción, Vizcarra no es el más indicado para enarbolar esa bandera, porque, más allá de las investigaciones que usted menciona, tiene a los ministros Carlos Lozada y Rocío Barrios investigados por colusión y peculado.

Así es, pero hay que decirlo con cuidado. Yo no conozco a la señora Barrios, pero la he escuchado y me parece que ella no tenía la responsabilidad que se le imputa. Yo soy testigo de excepción de que hay fiscales que piden cualquier cuestión. Habría que tomar el caso con pinzas y con cuidado.

-El problema es que Vizcarra expectoró de su gabinete a Salvador Heresi cuando salió una conversación con César Hinostroza que no demostraba ningún acto ilícito.

Eso sí es sospechoso: a quien no tiene contenido penal, lo expectora; y a quien aparentemente tendría, lo conserva. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Más adelante se puede hablar de organización criminal.

-Hablemos del Equipo Lava Jato. Tengo la percepción de que las personas -felizmente- están abriendo los ojos ante este acuerdo lesivo con Odebrecht por el que la corrupta constructora nos pagará solo S/610 millones de reparación civil, solo ha admitido delitos en 4 proyectos y, peor aún, ha permitido que Odebrecht nos demande ante el CIADI por US$1,200 millones por el Gasoducto.

Además, ha permitido que vendan todo su patrimonio y se fuguen. Se ha ido el señor (Jorge) Barata, se han vendido los activos; es decir, una situación absolutamente asimétrica respecto de otro tipo de situaciones donde allanan locales partidarios e incautan material. Con Odebrecht se han comportado como defensores, mientras que a otros los persiguen implacablemente y, en algunos casos, por eventos que no son delictivos. Tengo la impresión de que Domingo Pérez y Rafael Vela no han comprendido ni entendido el delito de lavado de activos. Es un delito complejo y el Congreso cometió el error de ampliar la gama de delitos fuente.

-Entonces, ¿usted considera que el aporte irregular a los partidos políticos no configura lavado de activos?

No, para mí no. Puede ser una sinvergüencería que alguien o un partido político reciba dinero y no lo aplique al propósito por el cual lo recibió, sino se lo quede. Pero eso no constituye delito de lavado de activos de ninguna manera. Podría ser hasta delito contra la fe pública, pero no es lavado de activos.

-Pero de eso se han agarrado para meter a gente presa sin acusaciones.

Así es, y ahora mismo está requiriendo el señor Domingo Pérez que venga la señora Susana de la Puente y, hasta lo que yo entiendo, ella intervino en la entrega de un dinero para la campaña de PPK, pero -primero- ella no era funcionaria pública y -segundo- era un aporte de campaña. Yo tengo mis dudas si es procedente este pedido o no. No se le puede hacer la vida imposible a los ciudadanos.

-Recientemente estuve fuera y es muy difícil explicarles a colegas que los políticos que están presos en nuestro país lo están de forma preventiva. No hay condenas ni acusaciones.

Eso es un atropello porque atenta contra el principio de la presunción de inocencia. Y otra cosa: acá hay una desigualdad. Por ejemplo, al señor (Luis) Castañeda, con justificado motivo y en buena hora, lo liberan y lo mandan a arresto domiciliario, pero, en paralelo, han metido 36 meses preso al señor (Víctor) Albrecht que tiene notoria y diagnosticadamente cáncer. Esos son abusos inaceptables en un Estado de Derecho y el que tiene que poner orden es el juez. El juez tiene que decirle al fiscal que no exagere y ordenar lo que corresponda.

-No se está viendo tampoco el bosque. ¿Dónde están los consorciados? Los Graña se han acogido a la colaboración eficaz dando chismes.

Lo más paradójico es que, por ejemplo, Odebrecht ofreció, a cambio de determinada prebenda (por la hidroeléctrica de Chaglla), dar información y los codinomes. Le dan la plata que pide y después se hacen los desentendidos. Se han burlado abiertamente del Perú, y no digo de los fiscales porque tengo la impresión de que los fiscales están siendo condescendientes con este tema.

– ¿Le parece lo mismo el golpe de Estado de Fujimori que el de Vizcarra?

Sí, es así, es lo mismo, es golpe de Estado. Lo que pasa es que hay quienes dicen que el golpe de Estado de Fujimori tuvo consecuencias distintas de las que se están teniendo ahora. ¿Por qué? Porque Fujimori, al cerrar el Congreso, pudo combatir con mayor holgura el terrorismo y pudo reinsertar al país en la economía internacional; en cambio el señor Vizcarra ha hecho un golpe de Estado y sigue hablando de la reforma política: es un cacaseno que no tiene una visión de la realidad, el país está paralizado.

-¿Vizcarra se convirtió en dictador desde que ejecutó el golpe de Estado?

Sí, se vuelve un dictador. El solo hecho de haber ido a la entrega de credenciales (de congresistas lo demuestra). Está clarísimo.

-Muchos señalan que Vizcarra no sería un dictador porque, luego del golpe de Estado, llamó a elecciones, pero igual salió a decir que la ciudadanía vote por los congresistas que apoyen eliminar la inmunidad parlamentaria. Eso denota una actitud dictatorial.

Por supuesto, los congresistas, en principio, no están sujetos a mandato imperativo.

-Por último, ¿siente que es el presidente Vizcarra directamente quien no quiere que usted ocupe el cargo de decano del CAL?

No puedo imputarle eso directamente a él, pero hay mucha gente que lo está pensando. Mucha gente piensa que lo que quiere el Gobierno es tener a un sirviente de decano. Como yo he denunciado el golpe de Estado, no me quieren tener ahí, prefieren tener a un sirviente o una sirvienta.

-No quieren un CAL de oposición.

Así es. Y, en mi caso, por todo lo que he dicho en la entrevista y otras, estoy desde ya en la oposición.

JNJ SE HACE DE LA VISTA GORDA EN VARIOS CASOS

-El fiscal supremo Tomás Gálvez dice que los fiscales Domingo Pérez y Vela Barba actúan como abogados de Odebrecht y por eso los ha denunciado penalmente, ¿usted comparte esa posición?

Yo comparto la tesis del doctor Tomás Gálvez y me parece que está en el camino correcto. La paradoja es que una de las primeras acciones que emprende la Junta Nacional de Justicia es contra el señor (Pedro) Chávarry y Tomás Gálvez y se hace de la vista gorda con respecto a evidentes casos donde se amerita la intervención inmediata de la JNJ.

-¿Qué le parece, hablando de la JNJ, que esta sea dirigida por el exministro humalista Aldo Vásquez, quien ha defendido el régimen de Ollanta?

Pero lo ha elegido la comisión que presidía el defensor del Pueblo (Walter Gutiérrez) y que tenía de segundo al doctor (José Luis) Lecaros, que, siendo presidente del Poder Judicial, debió ser él quien la presida. Yo jamás hubiese permitido, siendo presidente de la Corte Suprema, que uno de menor nivel presidiese esa comisión. Tengo el preconcepto de que Vásquez es una persona decente, pero me ha llamado la atención que lo primero que ha hecho es encausar a Gálvez y Chávarry. Me parece un primer traspiés que habría dado, pero no creo que su militancia en el humalismo tenga que ver con eso. Tengo la información de que se trata de una persona correcta, pero hay que ver a los hombres por los hechos.

ACUERDO CON ODEBRECHT ES UN ‘MAMARACHO’

-¿Usted cree que Vizcarra tenga un “codinome”?

Yo sí creo, yo sospecho de él, porque dime de qué alardeas y te diré de qué adoleces.

-¿Cómo en el Gobierno de la lucha contra la corrupción se elige a dedo a un procurador general, Daniel Soria, a quien le deben llegar las denuncias de todos los procuradores para que solamente él pueda emprender acciones legales?

Eso me parece en la línea de los tribunales de excepción, puede ser hasta inconstitucional porque atenta contra el principio de funcionario natural para ver ciertas cosas.

-Volviendo al acuerdo, que ya es cosa juzgada, ¿se puede dejar sin efecto?

Los actos jurídicos son pasibles de ser denunciados por error, dolo, violencia, simulación o fraude. Esto está en el Código Civil. Habría que ver si hay alguna causal para dejar sin efecto el convenio; el problema es que este convenio es un mamarracho porque se le ha dado todo a Odebrecht y nosotros nos quedamos sin nada. Si quisiéramos anularlo, igual se anula, pero seguimos sin nada porque ya todo está en Brasil: se han llevado sus cosas y ya no va a venir Barata acá.

PRUEBA SOSPECHOSA

“La colaboración eficaz es una prueba sospechosa, o sea, se parte del principio de que lo que dice el colaborador no es verdad, por eso es que existe el concepto de corroboración. ¿Por qué? Porque se presta para muchas cosas como el chantaje. Un fiscal sin escrúpulos le puede decir ‘mira yo te consigo esto a cambio de que eches a fulano de tal’”.

GARCÍA – SAYÁN

“García-Sayan, perdonen la expresión, siempre está metido de huele c… en todo lo que tiene que ver con la justicia. Es una persona que más de uno lo ha calificado de traidor a la patria. Poner a esta gente y otra caviar es un error de la JNJ”.

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