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Militares lucharían contra delincuencia

Solo falta decisión política y superar controversia con ex ministros del Interior y de Defensa contra esta eventual decisión calificada de populista.

La situación de la inseguridad ciudadana ha llegado a un punto en el Perú en que amerita preguntar si ya es necesario aplicar la fórmula constitucional de permitir a las Fuerzas Armadas (FFAA) asuman el rol de garantizar el orden interno en colaboración con la Policía Nacional del Perú (PNP). Una acción así podría disponer de más de entre 5 mil a 10 mil militares en la lucha contra la criminalidad, según algunos especialistas consultados por EXPRESO.

Y es que para algunos expertos no basta con el reciente anuncio del presidente de la República, Martín Vizcarra y el ministro del interior, Carlos Morán de integrar al plan de seguridad ciudadana más de 2,400 policías, los que realizaban labores administrativas o distintas al patrullaje preventivo para patrullar las calles de Lima y Callao. Es pues necesaria la colaboración militar.

El tema ya es materia de análisis del Ejecutivo, al punto que el 19 de febrero último en conferencia de prensa del ministro Morón en compañía del titular de Defensa, Walter Martos y el titular de la PCM, Vicente Zeballos, se anunció que las FFAA comenzarán a trabajar en coordinación con la PNP a fin de que se releven efectivos.

“Hay efectivos policiales cuidando activos críticos nacionales en trabajos medioambientales en puestos fronterizos y cuidando instalaciones estratégicas. A la fecha, en ese campo, hay un promedio de 4 mil policías”, dijo Morán en aquella oportunidad, pero la noticia no causó el revuelo esperado en Palacio.

Sin embargo, más allá de populismo o medidas efectistas a los que recurre el presidente Martín Vizcarra para mantener su popularidad, la criminalidad organizada ha tomado un nuevo revuelo, desde el año pasado sobre todo con el ingrediente venezolano. Por eso es que el último reporte de estadísticas sobre seguridad del INEI, entre mayo y octubre del 2019, nueve de cada 10 personas mayores de 15 años presentían ser víctimas de algún delito en el 2020.

Por estas y otras razones el ex ministro de Defensa, Ántero Flores-Aráoz sostiene que la medida de usar el poder de los militares en la cruzada por la seguridad ciudadana es constitucional tanto en casos “ordinarios” como “extraordinarios”.

La Carta Magna lo dispone así en su artículo 137. Es decir, en casos de estado de emergencia o sitio, cuando a criterio del gobierno exista un caso de perturbación de la paz o del orden interno, de catástrofe o de graves circunstancias que afecten la vida de la Nación, las FFAA pueden intervenir en el mantenimiento del orden interno. En emergencia el plazo dura 60 días y en sitio 45.

Una forma “ordinaria” de su uso es, por ejemplo, cuando el 31 de enero último el Ejecutivo amplió por 30 días la intervención de las Fuerzas Armadas (FFAA) en apoyo de la PNP, con el objeto de asegurar el control y el mantenimiento del orden interno en el distrito del Cenepa, provincia de Condorcanqui, departamento de Amazonas. Todo esto sin suspensión ni afectación de los derechos fundamentales consagrados en la Constitución.

Según Flores-Aráoz aunque no existe un porcentaje explícito de cuánto del personal con el que cuentan las FFAA –que llegan a más de 80 mil- pueden realizar este tipo de acción en colaboración con la PNP, eso dependerá de lo que estime el Ejecutivo, sin poner en riesgo la administración de las fuerzas militares.

IMPORTANTE MEDIDA

Para el ex congresista Renzo Reggiardo es muy importante que esta medida del Ejecutivo se concrete porque es la oportunidad para que las FFAA, o específicamente el Ejército, apoyen a la policía con una fuerza de seguridad que estaba concentrada en los cuarteles, que tiene preparación, logística e inteligencia y que puede integrar a la seguridad más de 10 mil militares.

“Esta fuerza podría estar al servicio de la población aportando en la lucha contra la inseguridad. Yo no lo vengo sosteniendo no solo desde el último debate electoral sino desde hace varios años, desde que tuve la mala experiencia de ser víctima de la delincuencia en el año 2013. Desde allí ya lo creía así”.

Reggiardo refirió que el tiempo ha dado la razón a quienes proponen esta medida aunque precisó que hubo hasta candidatos presidenciales que utilizaron este anuncio del uso de las FFAA para combatir la inseguridad, pero con un objetivo político.
“No sé si la palabra sea demagógicamente para lograr votos y adhesiones. Yo particularmente lo dije sin ser candidato a nada y creo que la situación ha traído como consecuencia que se va aplicar la medida” dijo.

TIENE BASE LEGAL

El ex congresista dijo que la medida está amparada además en el Decreto Legislativo 1095 emitido en septiembre del 2010, pero que lamentablemente no hubo la decisión política de implementarla. “No se ha aplicarlo por temor, por debilidad o desconocimiento, pero parece ser que por la propia presión que hay de la opinión pública se ha tenido que tomar una medida de esta naturaleza”.

Agregó que el Ejecutivo debe aplicarlo en el más breve plazo porque necesitamos “darle confianza y señales a la población” de que el Estado está presente, que nuestras FFAA están colaborando con la policía.

Para Reggiardo la propuesta de destinar esa fuerza militar en las embajadas, penales o fronteras tal como se está planteando el Gobierno debería incluir su presencia en las calles. “Que se sienta que hay presencia del Estado a través de sus instituciones tutelares y sobre todo de sus instituciones que tienen que dar seguridad”.

Explicó que tal como lo contempla el Decreto Legislativo 1095 este trabajo conjunto entre la PNP y las FFAA se ha venido sosteniendo para combatir a la minería ilegal y ambos han actuado de la mejor manera, sin excesos o vulneración a los derechos fundamentales de las personas.

Indicó que hay países vecinos que lo han venido aplicando hace muchísimos años y que funciona muy bien como en el caso de Colombia. En la policía son 120 mil efectivos, en las FFAA hay una fuerza de 80 a 100 mil militares, muy similar a la fuerza policial, muchos de ellos dentro de los cuarteles porque no estamos en una situación de enfrentamiento con el terrorismo.

SOLO SUSTITUYE

El ex ministro del interior, Remigio Hernani precisó que la propuesta del Ejecutivo es que las FFAA puedan “sustituir” a los policías en los servicios esenciales y fronteras. “No es cierto que se pondrán militares en las embajadas o en las calles. Son lugares donde no interactúan con el público. Es decir, por ejemplo en las fronteras”.

Hernani recordó que en las fronteras se han asignado resguardo policial y estos son el personal necesario para emplearlos en las calles para combatir la inseguridad ciudadana. Nunca por nunca las fuerzas armadas va aceptar ver el asunto de la seguridad ciudadana.

El ex ministro refirió que si el Gobierno finalmente toma la decisión de emplear las FFAA para colaborar con la PNP, lo hará solo en una forma temporal que deberá estar especificado a través de un decreto de urgencia, con un presupuesto asignado y con una capacitación respectiva. “El dispositivo legal debe determinar todos esos detalles”.

SE GANA 8 MIL POLICIAS

“Si esta sustitución se da, ¿cuantos policías van a salir a las calles? Por lo menos 8 mil a nivel nacional. Claro que esa información la tiene que precisar el ministerio del Interior. Esto puede ser algo beneficioso para la población y la lucha contra la delincuencia”
Además criticó las voces de especialistas en temas de seguridad que recomiendan la fusión de los ministerios del Interior y de Defensa. “Esta suplencia es para esos casos específicos no para controlar el orden público o interactuar con la población ni con ninguna autoridad.

Hernani refirió que esta medida no puede ser catalogada como inconstitucional o algo similar porque es un dispositivo que la da el Ejecutivo dado que son competencias directas del presidente manejar las fuerzas del orden.
La voz discordante en este debate, y bien sustentada, la tiene el ex ministro de Defensa, Roberto Chiabra, como se puede leer en esta sección.

OTROS ANTECEDENTES

Sin embargo, la historia, como lo señala Flores-Aráoz, no es nueva. Durante la guerra antiterrorista, que se prolonga desde mayo de 1990 hasta entrados los años 90, sobre todo en estados de emergencia y toques de queda, incluido en Lima Metropolitana, las Fuerzas Armadas participaron directamente en el apoyo y control el orden interno.

Asimismo, en 1992, concretamente el Ejército, controló el orden interno en Lima en el ínterin del autogolpe del expresidente Alberto Fujimori.  Años después, en 2003, en el gobierno del ex presidente Alejandro Toledo, también el Ejército apoyó a la Policía Nacional en el control de protestas estudiantiles en la Universidad del Altiplano en Puno. Y así podríamos seguir como el apoyo de la Fuerza Armada en los procesos eleccionarios.

SACAR A LAS FFAA A LA CALLE ES ACEPTAR QUE PNP ES INÚTIL

Para el ex ministro de defensa, Roberto Chiabra, las FFAA deben emplearse cuando la PNP “ya aplicaron todas las estrategias” en su lucha contra la delincuencia, como un último recurso del Ejecutivo para frenar la ola de inseguridad.

“Yo pregunto: ¿ya se aplicaron todas las acciones? ¿Hay patrullaje integrado? ¿El serenazgo está con armas no letales? ¿Se han bloqueado los celulares en las cárceles? ¿Se han integrado las cámaras de seguridad? ¿Se han cerrado los mercados negros? ¿Se sigue dejando que circulen dos personas en una moto que son los que hacen la tarea de marcas? Si tú no has hecho todo eso, ¿para qué quieres –tú- sacar a las fuerzas armadas?” cuestionó.

Si se procede a emplear a las FFAA para la lucha contra la inseguridad se estaría dando el mensaje que “la PNP es incompetente” y que no está capacitada para tal fin, es decirles que han perdido el respaldo de la población y que los vamos a reemplazar por los soldados, añade Chiabra.

“Si se quiere tener más efectivos policiales en las calles y dicen que no alcanzan, pregunta tú ¿cuántos contratos hay con las mineras? ¿Cuántos policías están dando servicio particular a las mineras en el país? Deberían sacar a esos cerca de 2 mil policías que están con las mineras y las asignen en las calles” dijo.

SON OLVIDADOS

Siempre se busca que el soldado nos salve. ¿Cuánto les ha incrementado la propina a los soldados este Gobierno? Ni un sol. Los chicos de escasa propina son los que deben solucionar el problema de los que ganan un sueldo. De los soldados nos acordamos en el Niño Costero e inundaciones. ¿Quién está reconstruyendo las casas de las familias que fueron afectadas en el trágico incendio de la cisterna de gas en Villa el Salvador? El Ejército.

La solución no pasa por ahí, la solución por una estrategia integral que no hay. Lo que debe haber son equipos de inteligencia policial para el narcotráfico, trata de personas, de terrenos y no por nacionalidad. Extorsión y secuestro. Es una medida para maquillar el problema de la inseguridad que no se va solucionar porque no hay una estrategia integral.

Solo vemos las consecuencias y no las causas del problema de la inseguridad, subraya el alto oficial el Ejército en situación de retiro.
“Por más que saques policías en las calles no se va solucionar el problema de la inseguridad. Las causas nacen en la formación de las familias. Lo que hay que cortarles a las bandas criminales son los recursos humanos, es decir, niños de familias con alta violencia sin oportunidades de empleo o educación”, finalizó. (ESN).

TC ACEPTA PARTICIPACIÓN DE LAS FFAA

“Las Fuerzas Armadas sí están facultadas para prestar apoyo a la Policía Nacional en el control del orden interno ante delitos como tráfico ilícito de drogas y terrorismo, así como para proteger instalaciones estratégicas para el funcionamiento del país, incluso cuando no se ha declarado estado de excepción. Esto fue declarado constitucional por el Tribunal Constitucional en la STC Exp. Nº 00002-2008-PI/TC (fundamento jurídico 46)”, reseña el portal jurídico La Ley, del 1 de octubre de 2015.

Los Institutos castrenses también pueden intervenir -añade- en “los demás casos constitucionalmente justificados”, de acuerdo al numeral 3 del artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1095, norma que fijó las reglas de empleo y uso de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas en el territorio nacional.

“Dicha expresión fue precisada por el Tribunal Constitucional en una sentencia expedida (…) en el mes de agosto en el sentido de que tales casos solo pueden ser aquellos en los que peligra la vida, integridad, salud o seguridad de las personas, de todo o parte de la población (STC N° 00022-2011-PI/TC, fj. 392-398), con la precisión de que no puede exceder el plazo de los 60 días que la Constitución prevé para la duración del estado de emergencia y el resguardo del derecho internacional humanitario.

Fuente: Expreso

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