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Ministra de Justicia: no se ha configurado ilícito penal ni causal de vacancia

“Hemos evaluado el audio, es un audio largo, en este audio no hay un comportamiento delictivo, lo que hay son coordinaciones”, declaró en RPP.



La ministra de Justicia y Derechos Humanos, Ana Neyra, dijo estar convencida de que no se ha configurado un ilícito penal ni causal de vacancia por incapacidad moral permanente en los audios difundidos en el Congreso de la República.

“Hemos evaluado el audio, es un audio largo, en este audio no hay un comportamiento delictivo, lo que hay son coordinaciones”, declaró en RPP.

Indicó que si alguien considera lo contrario, se darán todas las facilidades para las investigaciones y precisó que el presidente no puede ser investigado en el ejercicio de su cargo sino al culminar su mandato.

En ese sentido, dijo que le preocupa que se haga un uso político de algo presuntamente delictivo para plantear una vacancia por la causal de incapacidad moral permanente.



“Eso quiere hacer el Congreso yendo fuera del marco de la constitucional, del marco del sistema presidencial, que está pensado para que el presidente se quede durante su mandato, hay excepciones, sin duda, con causales establecidas, la vacancia por incapacidad moral no cumple el parámetro objetivo”, afirmó.

Sostuvo que la causal por incapacidad moral permanente existe desde el siglo XIX y se usó tres veces dándole un contenido diferente al sentido objetivo que tuvo cuando se creó: incapacidad mental y que las causales de vacancia establecidas en la Constitución están delimitadas.

Neyra refirió que en el audio hay una reunión del presidente con su equipo en torno a las discrepancias que había en el número de visitas de Richard Cisneros a Palacio de Gobierno.

“En el audio el presidente dice digan la verdad, es la base de lo que ha hecho con el Ministerio Público, la Contraloría y el Congreso», puntualizó.



Consideró como sospechoso que estos audios se presenten en un momento en que el presidente invocó a las bancadas parlamentarias aprobar la reforma de impedimentos para que los sentenciados en primera instancia por delito doloso postulen.

Sostuvo que la Comisión de Fiscalización, que investiga la contratación de Richard Cisneros, no ha buscado esclarecer los hechos sino de hacer un uso político para generar una supuesta vacancia y sacarlo del cargo.

Fuente: Agencia Andina

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