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Otra demanda contra el Perú impuesta por empresa Española

Paralización de la carretera Checca-Mazocruz, en Puno, con un presupuesto de 242 millones de soles, es el pretexto para que la constructora española San José pretenda sentar al país en el banquillo de los acusados.

La paralización de la carretera Checca-Mazocruz, en Puno, que podría permitir elevar la competitividad junto con Tacna y Moquegua, a través de una pista moderna para la conexión física y comercial, con un presupuesto de 242 millones de soles, es el pretexto para que la constructora española San José pretenda sentar al país en el banquillo de los acusados.

EXPRESO publica la carta en que el Grupo Empresarial San José SA de España informa a la Comisión Nacional del Mercado de Valores de Madrid su decisión de empezar el proceso arbitral.

Esto porque la entidad Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional (Provías) de Perú resolvió el contrato con San José por presunto incumplimiento de la constructora española, según la versión oficial del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

El documento fue presentado el 19 de febrero de este año, aunque por error consigna “2019”, y es calificado como “información privilegiada” sobre la resolución del contrato N° 038-2018-MTC/20 “Mejoramiento de la carretera Tr. Checca Mazocruz”, que “carece de fundamentos”, porque además la ejecución de la obra está por encima del 50 % y el importe pendiente sería de aproximadamente 30.5 millones de euros.

La versión oficial peruana fue otra, y fue notificada a San José el 18 de febrero de 2020. “Ante la renuencia de la empresa contratista San José para reiniciar la ejecución de las obras, y tras reiteradas cartas notariales (17.01.2020 y 23.01.2020), el MTC resolvió el contrato para no prolongar más la ejecución de esta importante vía”, señaló en su momento.

La entrega de la buena pro a San José y la ejecución del proyecto es sin embargo toda una historia que llegó a un controvertido tribunal, amén de observaciones graves en la vía administrativa.

Y es que dicha constructora no tenía Registro Único de Contribuyente (RUC) ni Código de Cuenta Interbancaria (CCI) en el Perú, como lo han señalado dos reportes de América Televisión y otras publicaciones, incluido EXPRESO.

En tanto la matriz de España no tenía esos documentos, en Provías Nacional se recurrió a elaborar una adenda especial para el armado de una sucursal nacional y así tramite su RUC y CCI en sede nacional, de acuerdo a la Ley de Contrataciones del Estado N° 30225.

Se armó la sucursal supuestamente levantando las dos observaciones, pero resulta que tanto el RUC (A36006666) como el CCI (ES9402388104650 600400075) resultaron inexistentes en el Perú, por no decir falsos; el primero era un código de extranjero no domiciliado en territorio nacional y el segundo –el CCI- era una cuenta bancaria del exterior.

Como quiera que ningún funcionario de Provías observó estos ilícitos cuando era jefe de esta dependencia el actual ministro Carlos Lozada, investigado por la Fiscalía, las consultas sobre dichos requisitos o códigos sospechosos que presentó la empresa llegaron al Ministerio de Economía, entidad que las desmintió por inexistentes en el Perú, según los abogados Alex Starost y Fredy de la Cruz.

Pero contra viento y marea ya se había firmado el contrato el 15 de mayo de 2018 con la sucursal Constructora San José SA, representada por la señora María Idoya Ruibal Rey, sin poner en este documento ni RUC ni CCI, sino solo su dirección en la avenida La Paz N° 1049, oficina 301, Miraflores, y los poderes de la citada dama.

Antes las irregularidades, una medida cautelar de una de las participantes de la buena pro, Corporación Mayo SAC, paraliza la obra.

“…Al ser [San José] una empresa extranjera, para la firma del contrato estaba obligada a obtener su RUC en la Sunat. El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) expresa que San José no está identificado como proveedor SIAF y no cuenta con información de Cuenta Interbancaria. Estas causales generan la pérdida automática de la buena pro y objeto de nulidad por violentar el principio de presunción de veracidad”.

Eso es lo que señala la resolución N° 2 sobre una cautelar emitida por el Quinto Juzgado Especializado en lo Contencioso y Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, del 6 de noviembre de 2019.

LAS MASAS

Acá vino la primera paralización de la obra. En el ínterin el jefe de Provías, Carlos Lozada, defendió a Constructora San José SA afirmando que no había problemas si no tenía cuenta interbancaria porque la Ley de Contrataciones también establece que “en los casos que el contratista no hubiese proporcionado el indicado número a la Entidad, el Banco de la Nación procederá a la apertura de oficio de una cuenta interbancaria a su nombre para el abono de los correspondientes pagos”.

Esta es una media verdad, según los expertos. Porque si bien podría recurrirse a este extremo en el caso de la cuenta interbancaria, no sucede lo mismo con el RUC porque la administración tributaria (Sunat) no podrá abrir a nadie un RUC de oficio.

Menos aún ninguna entidad oficial podía aceptar números de RUC inexistentes o un código bancario del exterior en el expediente técnico del proyecto carretero Checca-Mazocruz, en las Bases Integradas, con su absolución de consultas y observaciones; en las ofertas técnica y económica del contratista, y finalmente en el contrato propiamente dicho.

Pero como en el Perú mandan las masas, o en su defecto las manipulan, como dicen los observadores políticos, resulta que la cautelar no duró ni tres meses hasta que llegaron la movilizaciones de los aimaras de la zona y hasta y un paro de 48 horas anunciado el 5 de diciembre en el puente de Ilave, exigiendo todos la reapertura de la obra.

Resulta que el procurador del MTC solicita al mismo Quinto Juzgado Contencioso Administrativo revocar su primera resolución por razones de tipo social, en circunstancias en que se orquestó una campaña de presión, trayéndose abajo la cautelar antes citada.

Nos referimos a la Resolución Nro. Seis del 10 de diciembre de 2019, cuyo memorable fundamento Décimo octavo pasará a los anales de la juridicidad, porque dice que han aparecido “elementos externos” posteriores a su primera resolución como el comportamiento de ‘la población’ que, sin ser parte del proceso de selección, ‘podría afectarse’ por la paralización de la obra…”.

FACTOR VIZCARRA

Para ello jugó un papel crucial la intervención del presidente Martín Vizcarra que en los medios de comunicación hizo llamados a escuchar los pedidos del pueblo, las exigencias sociales de continuidad de una obra que había violado la ley, según los juristas antes citados, así como la también experta Cecilia Ruiz Morales.

Y fue esta letrada quien dio la clarinada sobre lo que ahora se nos puede venir en el extranjero. Adjudicaciones y contratos que vienen de esta manera, como el caso específico de la vía Chacca- Mazocruz, “terminará en un arbitraje, y ya sabemos cómo terminan los arbitrajes en el Perú”.

Ruiz Morales preveían lo que también dijo Alex Starost en otra oportunidad. Que cualquier arbitraje, de acuerdo al expediente técnico, se debe hacer en sede nacional. Pero eso valdría para la sucursal de San José, pero su sede matriz quiere ir más allá, dice este último: quiere ir al Ciadi. “No aprendemos de la experiencia de Odebrecht”, concluye el penalista.

NO ANUNCIAN MOTOS

Según la constructora española, el importe de la cartera pendiente de ejecución hasta hoy bordea un aproximado de 30.5 millones de euros, es decir unos 133 millones de soles. Constructora San José dice que en estos momentos “no es posible evaluar” el efecto que este conflicto contractual pueda tener en los resultados de la sociedad. Es decir aún no precisa los montos de la demanda contra el Perú.

73 KILÓMETROS

La carretera Checca-Mazocruz de la zona aimara de Puno cuenta con una extensión de 73 kilómetros y que incluía la construcción de cuatro puentes en una altitud cercana a los 4,000 metros sobre el nivel del mar.

Fuente: Expreso


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