Perú expresó hoy ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) su insatisfacción por las palabras expresadas en la víspera por el presidente de Colombia, Gustavo Petro, respecto a nuestro país y sobre la situación de Pedro Castillo.
Dicho pronunciamiento fue efectuado por el representante permanente de Perú ante el organismo hemisférico, Gustavo Adrianzén, durante una sesión ordinaria del Consejo Permanente.
“Hago uso de la palabra para expresar ante este consejo la insatisfacción del Estado peruano por las que consideramos expresiones inaceptables vertidas el día de ayer, en este recinto, por el presidente de Colombia, Gustavo Petro, en una sesión protocolar cuya característica es la reafirmación de la amistad, solidaridad y hermandad de las naciones americanas”, manifestó.
En ese sentido precisó que dicho mandatario se refirió al Gobierno de Perú y sobre las condiciones jurídico-carcelarias de Pedro Castillo, “con frases impropias y distantes de la verdad”.
“Es conocido que el 7 de diciembre Pedro Castillo perpetró un golpe de Estado, y que todas las instituciones democráticas, incluidas las Fuerzas Armadas, desobedecieron ese inconstitucional mandato, para que luego el Congreso dispusiera su vacancia y se activase, de esta manera, el mecanismo de sucesión constitucional”, agregó.
Gustavo Adrianzén explicó que estos hechos dejan en evidencia que en Perú existe un gobierno constitucional, el mismo que es reconocido por la gran mayoría de naciones.
Situación de Pedro Castillo
Sobre la situación carcelaria del expresidente Pedro Castillo refirió que viene cumpliendo dos mandatos de prisión preventiva por los delitos de rebelión y conspiración, así como de la presunta comisión de actos de corrupción.
“En este último caso, no es la oposición ni los medios de comunicación que no le agradaban, sino sus familiares, exministros y partidarios los que lo acusaron y se encuentran en proceso de colaboración eficaz”, agregó.
Explicó, asimismo, que Castillo Terrones y Alberto Fujimori son los únicos inquilinos en el establecimiento penitenciario de Barbadillo, donde se garantizan condiciones dignas y respeto a sus derechos humanos.
“Nos resulta inconcebible que un gobernante constitucionalmente electo pretenda sostener una narrativa dirigida a apoyar a un golpista y corrupto; Perú desea seguir en su camino al desarrollo (…), pero no acepta ni aceptará que se quebrante el principio de no injerencia que reconoce la carta fundamental de nuestra organización”, añadió.