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Proyecto para vacancia de gobernadores atenta contra la autonomía regional

Así lo indicó el Presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR), Rohel Sánchez.

El Presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR), Rohel Sánchez, señaló que el proyecto de ley que incorpora la imposición de sanciones firme por parte de la Contraloría como una causal de vacancia de autoridades regionales y locales atenta contra la autonomía regional.

En entrevista con TVPerú, el también gobernador de Arequipa, Rohel Sánchez, expresó su profundo rechazo al mencionado proyecto de ley debido a que desfavorece los procesos de descentralización y gobernanza regional.

“Expresamos nuestro rechazo total porque, en principio, decir que la renuencia de un gobernador de no proporcionar información es una causal de vacancia, nos lleva a 3 escenarios: primero, evidenciar que hay un atentado contra la autonomía regional en el marco de la ley y la Constitución”, indicó Sánchez.

Continuó manifestando que dicha iniciativa denota un centralismo de poder desde el Legislativo, lo que crearía una dependencia de parte de gobiernos regionales y locales hacia este poder del Estado.

“Definitivamente esto lleva a parar el avance del proceso de descentralización donde necesitamos fortalecer la gobernanza. Y lo más delicado es el centralismo de poder desde el Legislativo y condicionar o generar una dependencia total de los gobiernos locales y regionales hacia el Congreso de la República”, sentenció.

Reafirmó que desde la ANGR rechazan totalmente dicho proyecto y recalcó que, en el marco de la ley y la Constitución, se debe respetar los tres niveles de gobierno.

“Lo que están haciendo aquí es una causal de vacancia que atenta contra la propia constitución, la autonomía regional y genera un centralismo y una dependencia del Congreso”, remarcó.

Asimismo, Sánchez manifestó que desde la ANGR esperan que desde el Congreso se siga trabajando para generar leyes que beneficien el desarrollo de las comunidades más alejadas que tanto lo necesitan.

“Esperamos que los congresistas, en el marco de lo que significa esa mirada para trabajar por el desarrollo de las regiones y el bienestar de los pueblos alejados de la capital, trabajen normas que beneficien al desarrollo, la descentralización y la gobernanza”, sentenció.

Añadió que es necesario dar “un enfoque territorial para esa apuesta de cambio y desarrollo que necesitamos garantizar en cada una de las regiones de nuestro país”.

Por otro lado, expresó que apoya las acciones de fiscalización y control político realizadas desde el Congreso y que estas deberían enfocarse en transparentar los actos y combatir la corrupción.

“La fiscalización y el control político hay que apoyarlo, sobre todo si se trata de transparentar de los actos. Hacer viable todo lo que signifique intervenciones de lucha frontal contra la corrupción es bienvenido”, refirió.

Finalmente, hizo un llamado a “impulsar proyectos de impacto generacional que nos permitan ese desarrollo que ameritan nuestros pueblos en cada una de las regiones”.

“Por ejemplo, impulsar el gobierno electrónico, que todos los procesos del sector público estén digitalizados, transparentados y de esta manera evitar ese contacto entre el funcionario público y los usuarios, darles servicio en tiempo real”, agregó.

Proyecto de Ley

El referido proyecto de ley plantea que el cargo de gobernador, vicegobernador y consejeros regionales, así como el de alcalde o regidor, se declare vacante o suspenda por tener una sanción firme de suspensión temporal o inhabilitación para el ejercicio de la función pública, como consecuencia del procedimiento administrativo sancionador.

Para el caso de la vacancia, esta procederá siempre que el plazo de la sanción administrativa impuesta a la autoridad regional o local sea igual o mayor al período que le resta de su mandato. En el caso de la suspensión, esta procederá si la sanción es menor al período en referencia.

El proyecto también propone que la vacancia o suspensión sea declarada directamente por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), entidad que deberá pronunciarse dentro de los diez días hábiles de recibida la comunicación.

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