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Contraloría identifica pagos irregulares en la Gerencia Regional de Educación de Arequipa

Perjuicio económico asciende a S/ 100,800 y ocurrió entre el 2019 y 2020

Un perjuicio económico de 100,800 soles a la Gerencia Regional de Educación de Arequipa, identificó la Contraloría General de la República por pago indebido, por concepto de movilidad a trabajadores de la institución.

Los hechos ocurrieron durante el periodo del 1 de enero del 2019 al 31 de diciembre de 2020, según detalla el informe de Servicio de Control Específico N° 015-2023-2-0710-SCE.

El informe de la Contraloría señala, además, una presunta responsabilidad administrativa en una servidora y en diez funcionarios y servidores de la gerencia regional de Educación.

El argumento del pago por concepto de movilidad, fue dar cumplimiento al convenio colectivo entre el gobierno regional de Arequipa y la Federación de Sedes Administrativas de Educación del Perú.

Sin embargo, por las condiciones establecidas en el acuerdo y por las normas de gestión fiscal de recursos humanos vigentes, no correspondía ser aplicado el incremento.

Los pagos efectuados por “concepto de movilidad como condición de trabajo”, evidenció que funcionarios y servidores públicos realizaron, suscribieron y visaron documentos para ejecutar el gasto e incrementar los ingresos de trabajadores de la institución sujetos a los regímenes laborales DL N° 276, 1057 y 1153.

Los especialistas de la Contraloría indicaron también que el pago por concepto por movilidad, no cumplió con los criterios de “condición de trabajo” establecidos por la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir).

Esto por tratarse de una retribución que estuvo relacionada con la cantidad de días laborados, no estuvo sujeto a rendición de cuentas e implicó un incremento patrimonial prohibido por las normas presupuestales.

La gerencia regional de Educación de Arequipa fue notificada sobre los hallazgos identificados en el informe de control específico para que efectúe el deslinde de la responsabilidad administrativa que corresponda de la servidora comprendida en el hecho.

También recomienda a la Procuraduría Pública de la Contraloría General dar inicio a la acción legal civil contra diez funcionarios y servidores involucrados en los hechos con evidencias de irregularidad.

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