Como parte de su rol fiscalizador y sancionador, el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel) impuso multas entre enero y diciembre del 2020 a ocho empresas operadoras por un total de 117 millones 523,927 soles, correspondiente a 27,338 Unidades Impositivas Tributarias (UIT).
Las sanciones impuestas durante este periodo, ubican a Telefónica del Perú (Movistar) con un acumulado de 56 millones 710,593 (13,189 UIT), registrando la multa más alta impuesta en la historia del Osiptel: 31 millones 764,100 soles (7,387 UIT) por incumplir los Compromisos de Mejora de los indicadores de Calidad de Cobertura del Servicio y Calidad de Voz entre el primer semestre de 2016 y no remitir los compromisos de mejora de dichos indicadores, correspondiente al primer semestre de 2017.
Por su parte, América Móvil (Claro) suma un total de 25 millones 56,644 soles (5,828 UIT) en multas por haber brindado el servicio de telefonía móvil en equipos con IMEI reportados como robados.
También por no realizar las devoluciones a los usuarios como consecuencia de interrupciones presentadas en los servicios, dentro del plazo establecido Viettel (Bitel) suma un total de 20 millones 132,624 soles (4,687 UIT) por la venta de servicios de telecomunicaciones en la vía pública, actividad que pone en riesgo la seguridad de los usuarios y atentan contra su derecho a una correcta y adecuada información. A esto se suma el objetar indebidamente solicitudes de portabilidad numérica, por no remitir información, entre otras.
Las sanciones impuestas a la operadora Entel Perú llega a 10 millones 995,030 soles (2 559 UIT) por no haber requerido el DNI previo a la contratación y activación de líneas móviles y por no brindar información clara, veraz, detallada y precisa sobre el procedimiento para dar de baja el servicio y la velocidad mínima garantizada.
Infracciones
De acuerdo con la información del regulador, el 22.50% de los expedientes corresponden a multas por temas relacionados a portabilidad, un 20.83% a venta ambulatoria de servicios de telecomunicaciones, un 7.50% por no verificar la identidad a través de un Sistema Biométrico o los mecanismos de contratación aprobados por el Osiptel.
Cabe remarcar que los recursos obtenidos por las multas impuestas a las empresas operadoras no ingresan al Osiptel, sino al fondo del Programa Nacional de Telecomunicaciones (Pronatel), institución que promueve el acceso y uso de los servicios públicos de telecomunicaciones esenciales para los pobladores rurales y que depende del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.
De otro lado, si bien las empresas recurren, en algunos casos, al Poder Judicial para apelar las multas interpuestas, entre enero y diciembre de 2020 han concluido cinco procesos judiciales derivados de sanciones de multa, resultando los mismos 100% a favor de Osiptel.
Asimismo, en 2019 se concluyeron 20 procesos judiciales interpuestos por las empresas operadoras todos a favor del ente regulador.
Fuente: Agencia Andina