La Comisión de Mujer y Familia del Congreso de la República, presidida por la parlamentaria Lucinda Vásquez Vela, culminó sus labores del Periodo Anual de Sesiones 2022 -2023 con la aprobación de ocho iniciativas que se convirtieron en ley, en defensa de los derechos de la mujer, la familia y grupos vulnerables.
Entre los dictámenes que se convirtieron en ley destaca la Ley 31590, que regula la tenencia compartida y modifica los artículos 81, 82 y 84 del Código de los Niños y Adolescentes.
Asimismo, se encuentra la Ley 31613, que promueve el acceso a la vivienda para las mujeres víctimas de violencia e incorpora a otras instituciones públicas para asignar bienes inmuebles a los hogares de refugio temporal.
Del mismo modo, resalta la Ley 31715, que modifica la Ley 30364, Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, para eliminar obstáculos y fortalecer su ejecución.
Además de la Ley 31621, que promueve servicios de protección temporal para víctimas de violencia familiar y sexual y la Ley 31664, que modifica la Ley 30254, Ley de promoción para el uso seguro y responsable de las tecnologías de la información y comunicaciones por niños, niñas y adolescentes.
De igual forma, se encuentra la Ley 31716, que modifica el Decreto Legislativo 1297, Decreto Legislativo para la protección de niñas, niños y adolescentes sin cuidados parentales o en riesgo de perderlos.
Finalmente, tenemos a la Ley 31754, de protección a la mujer jefa de hogar en situación de pobreza o pobreza extrema y la Ley 31781, que fortalece la atención de personas adultas mayores con discapacidad en situación de desprotección familiar o en riesgo de exclusión social.
Dictámenes
En total, el grupo de trabajo dictaminó 20 proyectos de ley, muchos de los cuales esperan su debate en el Pleno del Congreso, tal como la iniciativa que plantea el fortalecimiento de la prevención y sanción del acoso contra las mujeres en la vida política.
Entre otros proyectos de ley que esperan ser debatidos destacan la Ley que promueve el acceso a la educación superior para los adolescentes y jóvenes en situación de orfandad y la Ley que impulsa la actividad empresarial en los comedores populares y ollas comunes en las concesiones alimentarias estatales.