La Defensoría del Pueblo cumple hoy 25 años de labor en defensa de los derechos de la población, con énfasis en los grupos de mayor vulnerabilidad, con nuevos desafíos en un contexto político, económico, social y sanitario marcado por los efectos de la pandemia del COVID-19.
En lo que concierne a los derechos de la mujer, sostiene que es necesario que el Estado peruano garantice la implementación de la Política Nacional de Igualdad de Género y el reforzamiento del Sistema Nacional Especializado de Justicia, así como el sistema de interoperabilidad que permita a las víctimas de violencia acceder de manera más oportuna a la justicia.
Indica que, solo en los dos últimos años se registraron más de 300 muertes violentas de mujeres en nuestro país, mientras que, en lo que va del 2021, la cifra ya supera los 103 casos.
Proteger a la infancia
En el aspecto de niñez y adolescencia, la Defensoría del Pueblo afirma que se mantendrá vigilante de la labor que desempeñe la reciente conformada Comisión Especial Multipartidaria de Protección a la Infancia en el contexto de emergencia sanitaria, por el Congreso de la República.
Entre los diversos problemas que debe abordar, pide atender con urgencia la vacunación contra el covid-19, la situación de orfandad derivada de la pandemia y la atención integral a niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual.
Otro aspecto fundamental para la Defensoría del Pueblo es el tratamiento de los conflictos sociales. De acuerdo al último reporte, en el Perú se registran 195 conflictos sociales, la mitad de los cuales se presentan en cinco regiones: Loreto, Cusco, Áncash, Puno y Apurímac. Frente a ello, la institución espera que pronto se pueda materializar la creación de una unidad de gestión del cumplimiento de acuerdos, a cargo del Ejecutivo, que tenga como función asegurar que el diálogo con las comunidades tenga resultados reales.
Servicios de emergencia
En el ámbito de la salud, la Defensoría del Pueblo pide al Estado continuar con el proceso de vacunación y el mejoramiento de los servicios de emergencia para hacer frente a la pandemia, así como mejorar los servicios de salud materna, sexual y reproductiva y la atención a las personas más vulnerables.
En educación, por su parte, solicita mirar con especial interés la educación rural, la educación inclusiva, la educación intercultural bilingüe, la alimentación y la lucha contra la violencia en las escuelas.
En materia ambiental, para la Defensoría del Pueblo resulta fundamental fortalecer la lucha contra la tala y minería ilegal, así como avanzar con la remediación de pasivos ambientales mineros y petroleros, que afectan principalmente a las comunidades nativas. Por otro lado, se solicita impulsar el cierre de brechas de rellenos sanitarios y la recuperación de las áreas afectadas por los botaderos.
Servicios de agua
La institución destaca que otro aspecto primordial es la dotación de servicios básicos de saneamiento, a fin de garantizar el derecho al acceso a agua potable de más de tres millones de personas que carecen del servicio de agua a través de la red pública. De igual manera, indica que casi medio millón de hogares no cuentan con servicio de telefonía móvil y 328 000 familias no tienen servicio de electricidad en sus viviendas.
Destaca además que es necesario que el Estado avance en la atención de los problemas que afectan a las poblaciones indígenas, especialmente vinculados al goce efectivo de sus derechos y protección de los defensores indígenas.
Finalmente, pide continuar con la implementación de los servicios virtuales en la administración de justicia y afianzar el principio de publicidad en la gestión pública, a fin de garantizar el derecho de acceso a la información pública y de fiscalización ciudadana sobre las acciones del Estado.