Un total de 392 entidades públicas incumplieron su obligación de registrar en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE) la información relativa a la totalidad de las órdenes de compra u órdenes de servicio emitidas, incluyendo aquellas que fueron anuladas.
Según el Comunicado N° 013-2022-OSCE del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), la cifra de entidades infractoras abarca el periodo comprendido entre el 1 de agosto y el 30 de noviembre del 2022.
Las entidades incluidas en el referido listado -disponible en el siguiente enlace www.gob.pe/i/3809489, cuentan con 10 días hábiles, contados a partir del 3 de enero deL 2023, para subsanar las omisiones incurridas.
En el caso de aquellas entidades que no cumplan con la debida subsanación, se dispondrá el inicio de las acciones reguladas en la Directiva N° 003-2020-OSCE/CD, por lo que se hará de conocimiento del titular de la entidad respectiva, además de ser reportadas al Sistema Nacional de Control para que se adopten las medidas correctivas y las acciones correspondientes.
El registro de la información sobre las órdenes de compra u órdenes de servicio emitidas es importante para fortalecer la transparencia en el uso de los recursos públicos que se invierten para cumplir los fines, metas y objetivos institucionales; toda vez que los datos que se deben registrar corresponden a la entidad contratante, monto contratado, certificación de crédito presupuestario y/o la previsión de recursos, así como el registro administrativo de su ejecución presupuestal, datos del contratista, fecha de emisión de la orden, descripción del objeto materia de contratación, entre otros.
La acción de supervisión realizada por el OSCE se efectuó conforme al artículo 52 del Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones del Estado y a la referida directiva, que regula las “Disposiciones aplicables para el acceso y registro de información en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado – SEACE”.
El OSCE ratificó su compromiso con la transparencia en las contrataciones públicas, para lo cual continúa avanzando en la supervisión del cumplimiento de la normativa vigente y de las obligaciones correspondientes a las entidades públicas.